RED JURÍDICA

Se intercambiaron ideas para el fortalecimiento de los Juzgados de Paz de la provincia de Córdoba El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) recibió a funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación con el objetivo de coordinar esfuerzos para fortalecer la Justicia de Paz en toda la provincia. Del encuentro participaron el presidente del TSJ, Domingo Sesin; los vocales del Alto Cuerpo, Luis Rubio y Carlos García Alloco; la directora del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado y asesora del Ministerio de Justicia de la Nación, Agustina Díaz Cordero; el asesor del programa, Hernán Calvo; la administradora General del Poder Judicial de Córdoba, Beatriz Roland; el inspector General de Justicia de Paz, Ricardo de Toro; y los capacitadores Javier Fazio y Patricia Junyent. Durante la reunión se intercambiaron ideas referidas a la problemática de la Justicia de Paz en Córdoba y se planteó la necesidad de buscar soluciones conjuntas. Se espera iniciar un tr

Luego del fallo de la Corte -que no contempla al sector comercial e industrial- la Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentó el recurso ante la Justicia. En tanto, para los usuarios residenciales los valores ya se retrotrajeron al 31 de marzo La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo ante la justicia federal mediante la cual solicita la nulidad del incremento del servicio público del gas dispuesto por el Ministerio de Energía y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas). La presentación se hizo en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso-administrativo N° 1 de San Martín (Buenos Aires). En representación del comercio, la industria, la producción y el turismo pyme, el amparo solicita que “se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las resoluciones (…) que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios”. Asimi

La decisión la tomó en forma unánime la Cámara Nacional de Casación, que también sobreseyó a Vidal, Rodríguez Larreta y varios ex funcionarios porteños. Anuló, en cambio, los sobreseimientos de los jefes de la policía local. La Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional confirmó por unanimidad los sobreseimientos de las autoridades porteñas por la represión de la Policía Metropolitana contra los pacientes y trabajadores del Hospital Borda que el 26 de abril de 2013 intentaron resistir la demolición del Taller Protegido 19. La medida beneficia al entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri, su vice María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud. Los jueces Horacio Días, Pablo Jantus y María Laura Garrigós de Rébori, también por unanimidad, anularon los sobreseimientos de Horacio Giménez y Enrique Pedace, jefe y subjefe de la Metropolitana, y ordenaron un nuevo fallo de

El ministro del Interior afirmó que "un sector de la dirigencia" opositora pretende que el presidente Mauricio Mauricio Macri "se vaya con su Gobierno cuanto antes", aunque aclaró no haber escuchado a nadie que haya hablado en esos términos. "En general no lo expresan de esa mera", intentó justificar. "Por lo menos por las actitudes, no lo han dicho así explícitamente pero, claramente, hay un sector de la dirigencia argentina, minoritario por suerte, que pone permanentemente palos en la rueda", dijo Rogelio Frigerio sin precisar de quién o quiénes hablaba. No obstante, a esto agregó: "Hay algún dirigente que quiere que Macri no termine su mandato; en general no lo expresa de esa manera pero a alguno que otro se le escapó decir que mejor que Macri se vaya con su Gobierno cuanto antes". El ministro manifestó por Radio La Red que ese tipo de referente "no entiende que, para que a la Argentina le vaya bien, al presidente le tien

El fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo que hay "inexistencia de delito" en la denuncia presentada contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a raíz del anuncio del uso oficial de la base de datos de la Anses para diseñar campañas de propaganda de Gobierno a distintos ciudadanos. El juez Ariel Lijo deberá ahora resolver si sigue ese criterio y cierra el caso. En un dictamen entregado a Lijo, Guillermo Marijuan se pronunció por no abrir la investigación a raíz de la denuncia presentada por los diputados de Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Los legisladores kirchneristas denunciaron a Peña por supuesto "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "abuso de autoridad" y "violación de secretos y privacidad". La denuncia había sido presentada también contra el titular de Anses, Federico Basavilbaso, y contra el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco. El Gobierno anunció la firma de un convenio ent