RED JURÍDICA

El Poder Judicial de Córdoba será el primero, en toda Latinoamérica, en ajustar los procedimientos de remates a la era digital. Desde el próximo mes, el  Poder Judicial de Córdoba  comenzará a implementar un sistema digital para la realización de subastas de bienes incautados. En una primera etapa, el proyecto contempla remates de bienes muebles no registrables de escaso valor. Entre ellos se destacan electrodomésticos, herramientas, muebles de oficina, computadoras y maquinaria. En una segunda etapa, se podrían incluir rodados e inmuebles. Por el momento estos procedimientos seguirán siendo presenciales. La plataforma será presentada en las próximas semanas. No obstante, adelantaron que se podrá acceder a través de la página del Poder Judicial de Córdoba. "Buscamos darle transparencia y seguridad a las subastas, para que cualquier persona, en cualquier parte de la provincia, pueda apostar y ganar un bien que se esté rematando, en cualquier juicio, de cualquier juzgado

Desde Ammar indicaron que es constante el acoso y la persecución a través del Código de Faltas, por parte de los uniformados. En un comunicado sostienen que el Código de Faltas "es utilizado para sacar dinero de las compañeras o exigir favores sexuales" La Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba (Ammar) denunció el " constante acoso, persecución, discriminación y represión " por parte de la Policía provincial. " El trabajo sexual es una actividad lícita, no es un delito en nuestro país , pero lo hacemos con miedo a la violencia de género que aplica sobre nosotras la fuerza policial", señaló la entidad en un comunicado, y resaltó que también son víctimas de "amenazas, insultos, malos tratos y constantes privaciones de la libertad". Para la Ammar, esa "violencia institucional se ampara en el silencio de los funcionarios de la mano de una ley arbitraria e inconstitucional como lo es el C ódigo de Faltas que, en su artículo 45 co

Luego del rechazo que generó la iniciativa, el Gobierno buscó “enfriar” la discusión  y fomentó el tratamiento del texto en foros universitarios, buscando respaldo y consenso. El 5 de julio venció el plazo fijado por el Ministerio de Justicia de la Nación para la presentación de propuestas sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal. Ahora, la comisión encargada de su redacción se prepara para volver a reunirse con el fin de darle nuevo impulso a la iniciativa. Tras el rechazo que generó el cambio en la legislación criminal impulsado por el oficialismo, el Gobierno trató de “enfriar” la discusión con la búsqueda de respaldo en foros universitarios, con el objetivo de conseguir más consenso ante las críticas. Este año, el debate se vio frenado por la campaña que el Frente Renovador (FR), de Sergio Massa y sus aliados, realizaron contra la propuesta. Observaciones Entre otras observaciones, Massa – candidato presidencial- objetó la eliminación de la figura de la r

Ocurrió en Neuquén. Uno de ellos había denunciado al otro por amenazas. Intervino la Oficina de Mediación penal y tras un encuentro de dos horas dieron por terminado el problema. El Poder Judicial de Neuquén otra vez “hizo punta”, esta vez en lo que se refiere a la posibilidad de implementar exitosamente la mediación penal en los contextos de encierro. El caso involucró a tres internos de una unidad penal de Neuquén, quienes se pelearon y uno de ellos amenazó a otro con hacerle algo malo a la familia cuando saliera de la prisión. El interno inició una demanda penal por amenazas, que estaba en curso en una fiscalía neuquina, pero el problema se resolvió en la instancia de mediación. “Si bien existen programas de mediación, dentro de las cárceles se manejan internamente. La diferencia de este caso es que había una causa penal y una fiscalía que investigaba por amenazas. Esto muestra que el diálogo es una posibilidad en todos los contextos, incluso en el encierro”, dijo en di

Por Luis R. Carranza Torres Thomas Poole Griesa no es neoyorkino, aunque lo parezca. Quizás se confunde por el tiempo que ha vivido en esa ciudad. Pero su origen es en la región Medio Oeste (Midwest) de Estados Unidos. Concretamente en la ciudad de Kansas, que a pesar de su nombre, no se encuentra en el estado de Kansas sino en el vecino de Missouri. Una ciudad que se desarrolló industrialmente a partir de la producción agropecuaria de ganado bovino, por lo que combina la filosofía de la tierra con el utilitarismo del mundo de los negocios. Allí nació en 1930. Fue también donde creció, hasta ir a estudiar a la Universidad de Harvard. En 1952 obtuvo en ella su “AB”, un grado o título universitario intermedio que resulta de la abreviación del latín (artium baccalaureus) del comúnmente denominado “Bachelor of Arts” (BA) en la comunidad académica estadounidense. A diferencia de la inmensa mayoría de los centros universitarios, Harvard sigue nombrándolo al modo antiguo, más que nada

El juez Ossola hizo lugar al planteo presentado por el gremio, que busca frenar una acordada del Tribunal Superior de Justicia. El juez Federico Ossola respondió favorablemente al pedido realizado por la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) para suspender por 30 días una acordada del Tribunal Superior de Justicia, por la que se deja cesantes a 71 trabajadores. ( Ver :  El TSJ deja cesantes a más de 70 empleados judiciales ) "Es una aceptación parcial. Nosotros le pedíamos que, además de declarar la inconstitucionalidad del acuerdo 334, aquel que se dictó antes de la feria, que ratificaba la caída de contratos desde hoy. A quienes se les terminaba el contrato hoy, tienen 30 días más de trabajo. El juez calcula que en este tiempo dictará una resolución sobre el fondo de la cuestión, en el que le planteamos la importancia de la estabilidad en el empleo, que se les renovó el contrato, que cuentan con informes favorables, por lo que deben ser incorporados a planta

El tribunal de enjuiciamiento no llegó a un acuerdo y postergó la sesión. Debe decidir quién integrará el tribunal luego de la renuncia de uno de los jurados. El tribunal de enjuiciamiento que deberá decidir la destitución o no del suspendido fiscal José María Campagnoli resolvió ayer suspender su actividad por otros 10 días y volver a sesionar recién el 17 de este mes para decidir su definitiva integración, luego de la renuncia de una de sus integrantes. Fuentes judiciales dijeron a la agencia DyN que la discusión estaba “empantanada” por tres votos a tres y ni siquiera se pudo comenzar a debatir la recusación contra Leandro Miño, el suplente que pretendía reemplazar a la renunciante jurado María Cristina Martínez Córdoba. Los seis jurados que siguen en pie deberán decidir cómo completan el tribunal después de la salida de Martínez Córdoba, que renunció a seguir en el jury. Lo primero que se debe resolver es quién ocupará el lugar de Martínez Córdoba. Hay dos opciones: Leon

Tres jueces apuntan a que se integre el juez suplente, el defensor oficial Leonardo Miño, y otros tres quieren confirmar al defensor platense Nicolás Toselli, nombrado por la Defensoría General la semana pasada. Habrá otra reunión el 17 de julio. El fiscal José María Campagnoli está logrando esquivar su juicio político, que cayó en un agujero negro el 24 de junio y nunca se reanudó. El Tribunal de Enjuiciamiento se reunió ayer desde el mediodía hasta pasadas las cuatro de la tarde y no pudo ponerse de acuerdo en quién debe ocupar el lugar que dejó vacante la jueza que renunció a su cargo la semana pasada, por problemas de estrés y salud. Los seis jueces restantes quedaron estancados en una pulseada de tres contra tres, en la que un grupo apunta a despejar el camino para que integre el jurado el juez suplente, el defensor oficial Leonardo Miño, y los otros, a confirmar al defensor platense Nicolás Toselli, nombrado por la Defensoría General la semana pasada. Acordaron un cuarto int

En marzo pasado, el alto tribunal nacional ordenó informar, entre otras cosas, el listado de beneficiarios de planes sociales pedido por una ONG. En marzo pasado, el alto tribunal nacional ordenó informar, entre otras cosas, el listado de beneficiarios de planes sociales pedido por una ONG. Se trata de un caso que podría ser citado como jurisprudencia eventualmente aplicable al reclamo que formuló este diario para que la Legislatura provincial brinde el listado de sus empleados públicos. La Corte Suprema le ordenó al Estado nacional que haga pública toda la información vinculada con los planes sociales, entre ella, los padrones de los beneficiarios de esos programas, con nombres y apellidos. El máximo Tribunal de la Nación falló sobre un planteo formulado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que había solicitado esa información al Gobierno sin obtener los datos. El Ejecutivo respondió que no brindaba la información po

Lo decidió la Presidencia de la Unicameral que ejerce la vicegobernadora Pregno. Argumentó que la difusión de nombres violaría la intimidad y la ley de hábeas data. El Senado nacional y algunos municipios los difunden sin problemas. Jurisprudencia de la Corte. La Presidencia del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, que ejerce la vicegobernadora Alicia Pregno, se negó a suministrar a este diario el listado de empleados de las plantas permanente y transitoria de la Unicameral, como así también el del personal contratado. Esa información de carácter público se solicitó el 16 de junio último, bajo amparo de la ley provincial 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado. El objetivo era corroborar datos que maneja este diario acerca de que varios legisladores habrían designado como empleados o asesores a uno o más parientes. El pedido incluía los listados de las autoridades y de la planta política; de los empleados de las plantas permanente y transitoria, y de l

El alto tribunal rechazó demandas de exlegisladores y exfuncionarios por un recorte de haberes de 2001. El ente previsional zafa de pagar más de $50 millones. Dos recientes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pusieron fin a un largo proceso contra la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que arrancó en 2001. Los juicios habían sido entablados por exlegisladores, exautoridades y exfuncionarios del Ejecutivo provincial, además de exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba. Esos jubilados demandaron al organismo previsional luego de que este trasladó a sus haberes una baja salarial de 30 por ciento que habían resuelto los activos de esos sectores, por la crisis económica que atravesaba el país y golpeaba a la Provincia. Hace más de ocho años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avaló la disminución practicada, lo que desencadenó recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. Fuente: http://www.lavoz.com.ar/politica/la-corte-freno-juicios-millon