RED JURÍDICA

Recibió las candidaturas en 2010, pero solo ayer remitió las propuestas al Senado. Decidida a cambiar los nombres de los protagonistas del  Poder Judicial  en aras de su declamada "democratización de la Justicia", y para ponerse al día con una mora de años en cubrir los cargos vacantes, Cristina Kirchner envió al Senado los pliegos de una decena de jueces de una nueva Cámara de Casación Penal y de un centenar de defensores y fiscales. Los pliegos ingresaron ayer en el Senado y ahora deberán ser tratados por la Comisión de Acuerdos. El trámite comprende la publicidad de la designación, un período de impugnaciones, una audiencia con el aspirante y un dictamen. De ser aprobados por el Senado, la Presidenta deberá designarlos por decreto. La nueva Cámara de Casación, integrada por diez magistrados, se encargará de revisar los juicios orales de la justicia ordinaria, es decir, no federales. Los casos de delitos comunes, como crímenes, robos o estafas.  El nuevo tribunal fue

La ley de medios, la Rural y una causa po.r deudas de Anses, en la lista de la Corte. En la Justicia  creen que las presiones del Gobierno sobre la Corte Suprema tienen un objetivo claro: condicionar al alto tribunal a la hora de dictar sentencia en varias causas de muy alto voltaje político. El Gobierno no pudo evitar  que, hace una semana, el máximo tribunal declarase la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura. Pero las nuevas críticas oficiales son cada vez más claras. En la mayoría de las apariciones públicas que hizo la presidenta Cristina Kirchner este año aludió en forma explícita o velada a la Corte y a la Justicia, con fuertes críticas. Por su parte, anteayer, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, pidió expresamente que la Corte dicte una sentencia en favor de la ley de medios -para compensar el fallo contra la ley de reforma del Consejo, dijo el funcionario-. Y el senador Aníbal Fernández calificó a la Corte de &quo

Fue tras una versión que indicaba que el ente recaudador investigaba al presidente del máximo tribunal; el Gobierno había desmentido la pesquisa. La  Corte Suprema  emitió un comunicado conjunto para referirse a la supuesta investigación por parte de la AFIP  al titular del máximo tribunal,  Ricardo Lorenzetti. "La Corte encomendó a funcionarios del Tribunal que se reunieran con representantes de la AFIP para aclarar la situación", manifestaron en el comunicado los magistrados Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Y agregaron: "Se informa que no se realizarán declaraciones públicas al respecto". El comunicado, que no cuenta con la firma los jueces Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, llega a horas de que se abriera  la polémica  que generó la versión de que la AFIP puso bajo investigación al presidente del  máximo tribunal. El ente recaudador desmitió la existencia de cualquier pesquisa impositiva contr

El diputado nacional Federico Pinedo (Pro) pidió que la Justicia investigue si el titular de la AFIP abrió una proceso contra el presidente de la Corte Suprema. El escándalo desatado por  la presunta presión fiscal  del Gobierno contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sumó hoy un nuevo capítulo. La oposición, que ayer salió en defensa de los miembros del máximo tribunal del país, presentó una denuncia contra el titular de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), Ricardo Echegaray, para que se investigue si el organismo recaudador  abrió un proceso  contra Lorenzetti, su hijo y un colaborador suyo. El diputado nacional  Federico Pinedo  (Pro) presentó un escrito en el Juzgado Criminal y Correccional número 12, a cargo de Sergio Torres, en el que acusa a Echegaray por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El fiscal federal Carlos Stornelli investigará el caso, según informaron voceros del

Ayer prosiguió la escalada contra la Justicia, esta vez a través de la voz del senador Aníbal Fernández, quien calificó a la Corte Suprema de Justicia de  “opositora”  y su último fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, de “despropósito”. “En algún momento lo creímos, cuando Néstor Kirhner nos planteó que iba a ser una Corte independiente. Esta es una Corte opositora,  no es una Corte independiente  ”, lanzó el ex jefe de Gabinete, a quien también le preguntaron por eventuales aspiraciones políticas del titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y respondió: “Tiene todo el derecho del mundo, no lo puede hacer siendo presidente de la Corte”. La avanzada del Gobierno sobre la Justicia se agudizó tras el fallo de la Corte que confirmó la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la semana pasada. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para aventar una eventual reelección, dijo que en 2015 preferiría ser candidata a jueza.

Además, trataron de desmentir el caso a través de un cable de la agencia Télam basado en fuentes anónimas. Técnicos del organismo se reunieron ayer con funcionarios de la Corte para tratar de descomprimir la situación. El Gobierno salió a desmentir ayer,  en una forma extraña e inusual , la información judicial según la cual la AFIP está investigando al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y a sus dos hijos en el marco de una nueva ofensiva K contra el máximo tribunal de Justicia. Lo hizo a través de un cable de la agencia oficial de noticias  Télam  que dice “fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desmintieron ayer que ese organismo se encuentre investigando impositivamente al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Las fuentes del organismo informaron a  Télam  que la AFIP no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre (Ricardo) Lorenzetti ni sus hijos”. Llama l

Una investigación recupera por primera vez las vidas e historias de letrados que defendieron a presos políticos, trabajadores, militantes y estudiantes y lo pagaron con sus vidas. Las historias personales de los abogados y abogadas detenidos-desaparecidos de la zona metropolitana estarán por primera vez en un libro. Defensores del pueblo es la iniciativa impulsada por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (AABA) y la Defensoría General porteña para “recuperar la memoria de quienes fueron ellos, más allá de la tragedia de su desaparición”, como explicó el presidente de la asociación, Carlos Cruz. El informe fue presentado el miércoles pasado a las 19 en la sede de la asociación de abogados porteña. En sus páginas se retoma el dato de que muchos de los miles de desaparecidos y muertos de la última dictadura fueron abogadas y abogados que defendieron a “presos políticos, trabajadores, militantes o estudiantes”, como plantean en las “palabras preliminares” que int

"Más apertura, más democracia" El acto fue realizado a partir del fallo de la Corte que anuló la elección popular del Consejo de la Magistratura, pero los reclamos se centraron en la necesidad de romper con las prácticas corporativas. “Democracia o corporación judicial” decía el cartel en el escenario que se instaló en la esquina de Talcahuano y Tucumán, mirando al Palacio de Tribunales. Por allí fueron pasando luego distintos “usuarios” simbólicos y relevantes del Poder Judicial, personas que al sufrir la pérdida de un ser querido tuvieron que lidiar con el intrincado y hostil mundo de los juzgados. También hablaron el fiscal Jorge Auat y la jueza María Laura Garrigós de Rébori, en representación de “Justicia legítima”. El acto fue organizado por esa agrupación luego del fallo de la Corte Suprema que anuló la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, pero la convocatoria no se limitó a ese asunto. “No hemos venido a quejarnos de un fallo, eso

El ministro de Defensa justificó que la Afip pueda investigar al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, justificó hoy que la Afip pueda investigar al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al plantear que eso no configura una "amenaza" si no hay "nada para esconder" y, además, "todos somos iguales ante la ley". Rossi advirtió que "la Afip desmintió absolutamente" que esté detrás de Lorenzetti, como se denunció mediáticamente, "y me parece que es así", pero señaló igualmente que "no sé cuál es el problema, si uno es un contribuyente que tiene todo perfectamente desde el punto de vista tributario". "¿Cuál es la amenaza, el peligro, si uno no tiene nada que esconder? No lo vería como un peligro", planteó el ex titular del bloque de diputados oficialistas, que asumió recientemente en la cartera de Defensa. "La AFIP tiene una mirada, que es tr

El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, informó a sus pares de una investigación de la Afip en su contra. El organismo recaudador lo niega. Buenos Aires.  A una semana del fallo que declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la tensión política entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional aumentó en las últimas horas a raíz de una supuesta persecución fiscal contra el presidente del titular de ese poder del Estado, Ricardo Lorenzetti, que ayer desmintió la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Una integrante del alto tribunal, Elena Highton, admitió anoche que durante la habitual reunión plenaria de los martes, Lorenzetti informó ante otros cinco integrantes del máximo tribunal (no estuvo Raúl Zaffaroni) que podría denunciar penalmente al titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas por el supuesto inicio de una investigación impositiva contra él, sus dos hijos profesionales y el secretario gene

Lo reclamó el fiscal Enrique Senestrari a la Cámara Nacional Electoral. Advirtió de que no puede dejarse pasar el “artilugio” de que integrantes de empresas hagan donaciones en carácter personal. El fiscal federal Nº1 Enrique Senestrari (foto) solicitó a la Cámara Nacional Electoral que revoque un fallo de primera instancia y sancione al Partido Justicialista – alianza Unión por Córdoba y a distintas empresas por los fondos donados en violación a lo dispuesto por la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. De los informes presentados por el partido surgen donaciones directas realizadas por la Asociación Hotelera de Córdoba y la Cámara de Turismo de Córdoba, y donaciones indirectas realizadas por Aldo Benito Roggio, Mario Buttigliengo, María Esther Boetto, Miguel Ángel Romero Cammisa, Carlos Alberto Bergoglio y Martín Guillermo Amengual. La presentación del fiscal tuvo en cuenta el informe del contador auditor Guillermo Stefanini y sostuvo que estas donaciones constituyen una

Aunque son 55% del personal, 71% de los camaristas y jueces son hombres. El cupo femenino aumenta en ministerios públicos y defensa. De un total de 99.004 personas que trabajan en el Poder Judicial de todo el país, 55% es mujer y 45%, varón. Pese a la predominancia femenina, en los cargos máximos de la Justicia argentina -como cámaras o juzgados- el cupo masculino llega a 71%, igualándose esa proporción en 50% recién en los cargos de funcionarios públicos. Estos datos se desprenden del último Mapa de Género de la Justicia Argentina, que realizó por cuarto año consecutivo, durante 2012, la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En ese estudio se relevó al personal que integra la Corte, los superiores tribunales y las cortes supremas de Justicia de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la totalidad de las cámaras nacionales y federales. Asimismo, se procesaron los datos de los ministerios públicos fiscales y d

Córdoba fue uno de los puntos de un megaoperativo que incluyó allanamientos en todo el país por una supuesta red de explotación laboral de colombianos que fabricaba y vendía muebles de manera ilegal. Durante la actuación, el fiscal federal Enrique Senestrari, quien está al frente de la investigación, consideró que eran “víctimas de trata” por las deplorables condiciones en que se encontraban. El hecho hace tomar conciencia no sólo de la trata con fines sexuales sino de aquella con fines laborales. El caso se conoce cuando la ley provincial de trata está cumpliendo un año y la ley nacional lleva cuatro y medio. En ese contexto, dialogamos con el funcionario judicial para hacer un balance. - ¿Cuántas víctimas surgieron de la investigación de trata laboral de ciudadanos colombianos? - La investigación del caso de colombianos va ahora a la etapa de indagatoria de los detenidos, que son 28 personas, al análisis de la prueba colectada en los allanamientos, testimonios, etcétera. Las vícti

Cristina Fernández responsabilizó al juez federal de Córdoba por “cajonear” un litigio para favorecer a un excolaborador de Mauricio Macri. Es una causa por el robo de piezas de valor antropológico al Museo Ambato, de La Falda. Amigos del museo exigen celeridad. La presidenta Cristina Fernández acusó ayer al juez Federal por Córdoba “Ricardo Augusto Fierro” (confundió su nombre correcto, que es Ricardo Bustos Fierro) de “cajonear” una denuncia por el robo al Museo Ambato en favor del acusado en la causa, un excolaborador de Mauricio Macri. La sustracción de piezas sucedió aparentemente durante un período prolongado de tiempo, ya que el museo había cerrado en 1992. En 2008 saltó el escándalo, que fue ampliamente publicado por este diario y los medios de comunicación cordobeses. La Asociación de Amigos del Museo Ambato lo consideró un “saqueo” e involucró a cientos de piezas precolombinas de alto valor antropológico. La denuncia fue radicada en la Justicia Federal de Córdoba por

El juez Ricardo Bustos Fierro decidirá si ordena que no se difunda el spot “Córdoba sabe lo que hace”. Se trata del spot que comenzó a ser difundido hace 13 días por los canales de televisión de Córdoba, que muestra al primer precandidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, Juan Schiaretti, argumentando que “Córdoba sabe lo que hace” y que, por eso, “va a ganar la pelea en Buenos Aires”. El aviso (que puede verse en  www.youtube.com ) motivó una presentación judicial de los apoderados del Frente para la Victoria, quienes denunciaron que el mensaje televisivo violaba la ley electoral porque implicaba “campaña fuera de término”. El miércoles último, el fiscal federal Enrique Senestrari, quien recibió la denuncia, le solicitó a Bustos Fierro que verificara la existencia del aviso y que lo suspenda. Además, pidió que se le remitan las actuaciones para investigar si efectivamente se violó o no la ley electoral nacional, y si le caben al partido o al candidato las sanciones. Es