RED JURÍDICA

Gustavo Vidal Lascano dijo que hablará con las autoridades para buscar una solución y evitar la "judicialización del conflicto". El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano se reunió esta tarde con los estudiantes que mantienen tomado el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y dijo que hablará con las autoridades para buscar una solución y evitar la "judicialización del conflicto". “Los chicos transmitieron preocupación por quedar fuera de este plan, cosa que ya ocurrió en otras facultades. Vamos a hablar con las autoridades universitarias para ver con ellos si se llega a una solución para evitar la judicialización del conflicto”, indicó a Mitre Córdoba. El fiscal federal número dijo que no habló de plazos y apuntó que si bien el conflicto “formalmente es un hecho delictivo”, las protestas de tipo sociales y estudiantiles “deben ser tratadas y miradas con otra óptica”. Conflicto . La toma del Decanato de la  Facultad d

Marcela Aspell, la decana, fue al lugar para destrabar el conflicto. Como no tuvo éxito, dice que el Consejo decidirá. La toma del Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba continúa a pesar de que la decana, Marcela Aspell, se hiciera presente para intentar destrabar el conflicto. A la vez, la situación se tornó tensa cuando una mujer debió ser atendida por una crisis de nervios. Aspell estuvo secundada por su esposo, Pedro Yanzi Ferreira (quien fue decano de la institución durante 12 años) y otros funcionarios de la gestión. La abogada aseguró a este diario que hoy convocará a una reunión del Consejo de la facultad para que ese órgano decida si se extiende una vez más el plazo para cursar y recibirse con el viejo plan. Los estudiantes reclaman que siga vigente el plan de estudios denominado 85/92 y piden nuevas mesas de exámenes. El plan vence en diciembre de 2012 y, luego de ese término, quienes no se hayan recibido serán pasados automáticame

Unidos y Organizados prevé aprietes callejeros contra empresas del Grupo Clarín. La Presidenta ordenó al gabinete intensificar la propaganda oficial. No cederá la presión sobre la Corte Suprema. Buenos Aires.  El Gobierno nacional prevé presionar con manifestaciones callejeras a los medios independientes cuyo desguace intenta obtener antes del día 7 de diciembre, fecha que, en la propaganda oficialista, se identifica como 7-D. Así lo reveló ayer un informe que publicó  La Nación  , que cita fuentes de la Casa Rosada y señala que el kirchnerismo “no descarta concentraciones frente a Cablevisión o Canal 13”, dos medios del Grupo Clarín. La movilización para presionar a los medios estará a cargo de las agrupaciones más afines al pensamiento político de la Presidenta Cristina Fernández, que hoy se encuentran nucleadas en Unidos y Organizados. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, organizará una serie de fes

Comunicado institucional del Inecip Los pasados días 10, 11 y 12 se llevó adelante el III Congreso de Derechos Fundamentales y Derecho Penal organizado por Inecip Córdoba. Se desarrolló con base en tres ejes principales del Derecho Penal: Criminología, Derecho/Dogmática Penal y Reforma del Sistema Penal. El encuentro contó con la participación de más de 400 asistentes, entre jóvenes estudiantes, operadores jurídicos, docentes, organizaciones sociales y personas relacionadas al campo penal. Hubo más de 70 disertantes (expusieron también los autores de las siete ponencias ganadoras) y asistentes de diferentes provincias –tales como Santa Cruz, Neuquén, Chubut, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Formosa, Chaco y Misiones- y del exterior: Uruguay, Chile, Brasil y Noruega.La apertura del congreso estuvo a cargo de Nicolás Macchione, director ejecutivo de Inecip Córdoba, y Patricia Cóppola, miembro de la Junta Directiva de la institución. Aquél

Mañana comienza a discutirse la reglamentación del “per saltum” que impulsa el oficialismo en el Senado. El debate será en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. El proyecto lleva las firmas de los senadores oficialistas Miguel Pichetto, Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández, Marina Riofrío, Marcelo Guinle y José Mayans y establece que se podrá presentar “el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte prescindiendo del recaudo de tribunal superior” en casos de “gravedad institucional del fuero federal”. La iniciativa está basada en varios proyectos, entre los que se encuentra uno que la actual primera mandataria Cristina Fernández de Kirchner presentó en el año 2002, cuando era legisladora. De aprobarse la propuesta, el recurso se aplicará en aquellas causas “cuya solución definitiva y expedita sea necesaria” y en las que el recurso en cuestión “constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido a los fines d

Por Miguel Rodríguez Villafañe, abogado constitucionalista, especialista en derecho de la información. “Per saltum” es una expresión latina usada en procesos judiciales para indicar como, excepcionalmente, un tribunal superior puede avocar al conocimiento de resoluciones o fallos saltando instancias intermedias. Este modo procesal de actuación se ha aplicado en Estados Unidos desde fines del siglo XIX. La Corte Suprema de ese país ha ejercido el llamado certiorari by pass en la medida en que existiera un interés público que habilitara y requiriese la rápida radicación del caso ante el Alto Tribunal. En Argentina hubo muchos intentos de reglamentar esta forma de avocamiento por los tribunales superiores. Se puede rescatar el proyecto del presidente Raúl Alfonsín, de octubre de 1987, en el que se establecía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) podía conocer en causas, obviando instancias, cuando el caso revistiere gravedad institucional y su solución no admitiere

Se consideró que se le debe dar trámite y no negarlo por cuestiones formales que se contraponen con la Constitucion Nacional. En mérito de que el artículo 31 de la Constitución Nacional (CN) derogó las restricciones impuestas por el orden provincial para la admisibilidad del amparo previstas en la ley 4915 que se opongan al orden constitucional, y dado que para la protección del ambiente la acción de amparo es una vía principal y no subsidiaria, la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó dar trámite al amparo presentado por el Club de Derecho, junto con vecinos de Malvinas Argentinas, para evitar la instalación de la planta de Monsanto Argentina. Las acciones apelaron la decisión dictada por el Juzgado 6ª de Conciliación, que había declarado inadmisible la acción contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas, pretendiendo que se declare inconstitucional la ordenanza municipal que autoriza a Monsanto Argentina SAIC a realizar las tareas preliminares para la obra de l

Lo dispuso la Sala 2ª de la Cámara de Trabajo. Anteriormente el Juzgado 6ª Conciliación había declarado inadmisible la acción. La Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó dar trámite al amparo presentado por el Club de Derecho, junto con vecinos de Malvinas Argentinas, para frenar la instalación de la planta de Monsanto en esa localidad del Gran Córdoba, situada 16 kilómetros al este de la Capital. Los amparistas habían apelado la decisión dictada por el Juzgado 6ª de Conciliación, que había declarado inadmisible la acción contra la Municipalidad de Malvinas Argentinas, publica  Comercio y Justicia . Frente a ese contexto, la Sala señaló que la fundamentación expuesta en la resolución impugnada “resulta errónea, pues en cuanto a los presupuestos de admisibilidad formal de aquella, sostiene su decisión con fundamento tan sólo en lo dispuesto por el artículo 2 inciso ‘d’ de la ley 4915, en tanto la norma determina que la acción de amparo no será admisible cuando d) l

Piden a la decana que les permita terminar la carrera con el viejo plan, que expira en diciembre. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) toman desde anoche el decanato, en rechazo a la expiración en diciembre del viejo plan curricular de estudios, que obligaría a algunos alumnos a desertar o adaptarse al nuevo pero con más materias. Valeria Capdevilla, estudiante de esa facultad, señaló a  La Voz  que unos 10 toman desde las 21 el decanato, mientras que "unos 100 o 200 están afuera". Explicaciones.  La joven explicó que el 31 de diciembre expira el viejo plan de la carrera, por lo que, según dijo, "1.400 estudiantes quedan expulsados". A su vez, indicó que los que quieran adaptarse al nuevo plan de estudio deberán rendir 16 materias nuevas más tres equivalencias. Capdevilla dijo que lo que ellos piden es que la actual decana, Marcela Aspell, los reciba para continuar dialogando como venían hacie

Del total de la pauta nacional 2013, sólo 1,13 por ciento de los recursos se destinará a la Justicia. Son 7.126 millones. La Asociación de Magistrados advirtió que los montos asignados dejarán truncos los proyectos que tiene la Corte. Por Silvina Bazterrechea / sbazterrechea@comercioyjusticia.info Casi no le queda margen. El Poder Judicial de la Nación recibe año tras año un presupuesto más acotado, que le hace difícil su funcionamiento más allá de lo mínimo indispensable para costear los gastos esenciales y pagar los salarios. Así se desprende del análisis del Presupuesto 2013, que ya obtuvo media sanción en Diputados y está siendo debatido por estos días en el Senado. Allí se fijó que del total de gastos previstos para el año próximo, sólo 1,13 por ciento irá a parar al Poder Judicial de la Nación (PJN). En números, ello implica que se destinarán $7.126 millones al PJN, de los cuales casi 90 por ciento será para el pago de salarios. Con el 10 por ciento restante el PJN te

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, y el dueño de Trenes de Buenos Aires (TBA), Claudio Cirigliano, deben ir a juicio por dádivas -pasajes aéreos que el funcionario recibió del empresario-. En apenas una carilla, la Corte rechazó por “inadmisible” un planteo de Jaime y Cirigiliano, al considerar que éstos “no se dirigen contra una sentencia definitiva”. En la causa que instruyó el juez federal Claudio Bonadío, Jaime había cuestionado la elevación a juicio oral y público por entender que restan pruebas por realizar. Según la investigación, Cirigliano pagó al funcionario en 2009 pasajes de avión a varios destinos, tales como Córdoba, Uruguay y Brasil. A Jaime se le reprocha haber aceptado en forma de dádivas esos pasajes por parte de un empresario a quien, en función de su cargo, él debía controlar. En esta causa sólo resta que fije fecha de inicio de juicio el juez federal Julián Ercolini, lo

Horacio Alfonso actuará hasta que se cubra la vacante. Implica un cambio en el mecanismo que se usaba. En el Gobierno lo celebraron. Buenos Aires.  La Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió ayer designar al titular del tribunal Civil N° 2, Horacio Alfonso, como juez subrogante “fijo” del Juzgado Civil N° 1 donde se tramita la causa por la denominada ley de medios, “hasta que se cubra definitivamente la vacante”. De esta forma, la Cámara dejó sin efecto el régimen de subrogancias semanales y dispuso que los cinco –sobre 11– juzgados vacantes tengan un juez permanente que esté en condiciones de resolver los expedientes. El objetivo, señalaron, es ordenar la tramitación de las causas. Así, el juez Alfonso, de 56 años, quien ya intervino ante otros cuestionamientos contra diversos artículos de la ley de Medios, quedará al frente del juzgado que tiene a estudio el amparo del Grupo Clarín. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, sostuvo que

La Asociación de Magistrados dice que es una nueva postergación a sus reclamos. Pero afirman que entienden la situación provincial. Con algunas críticas, el titular de la Asociación de Magistrados, Luis Paoloni, respaldó la decisión del Gobierno provincial de equiparar de manera escalonada y en 36 meses, hasta el 90 por ciento, los salarios de los jueces y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba con los de la Justicia Federal. Paoloni remarcó que existía el compromiso de aplicar la ley de Equiparación a partir del próximo 1° de noviembre. “Teníamos la esperanza de que se iba a dar esta posibilidad que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo. También había un compromiso de que la norma entrara en vigencia, pero ahora aparece este proyecto que significa una nueva postergación para los magistrados”. De todos modos, el titular de la Asociación de Magistrados se mostró comprensivo por la situación financiera que vive la provincia. “No vivimos en un termo. Advertimos de las

El presidente de la Corte Suprema lo dijo durante la Quinta Conferencia Nacional de Jueces, en Mendoza. Aseguró que los jueces no van a cambiar sus principios esté quien esté por delante. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dijo ayer que el Poder Judicial “no va a ceder a ninguna de las presiones que quieran ejercer” en causas de relevancia pública, y aclaró que el mensaje estaba dirigido a “los poderes económicos y políticos”. “Ya sabemos que va a haber presiones en cualquier caso de cierta notoriedad y que no vamos a cambiar nuestros principios, esté quien esté por delante”, afirmó Lorenzetti, recientemente reelegido en la Presidencia del máximo tribunal nacional. Al presidir la Quinta Conferencia Nacional de Jueces, que se realiza en Mendoza, con el propósito de debatir sobre el rol del Poder Judicial en la sociedad, el magistrado dijo que “la imparcialidad es esencial a la función judicial”. “El Poder Judicial es uno –agregó–

Se tratade un caso de Río Cuarto en el que un jubilado logró que no le posterguen el pago de los aumentos de haberes. Adujo tener una hija discapacitada. Río Cuarto.  El Gobierno provincial adelantó que apelará la cautelar que concedió en esta ciudad la jueza Sandra Tibaldi de Bertea y por la cual ordenó a la de Caja de Jubilaciones que no postergue el pago de los aumentos a un jubilado que tiene una hija discapacitada. Esa resolución representa, hasta ahora, el primer revés judicial que sufre el gobierno de José Manuel de la Sota en la aplicación de la reforma jubilatoria, que contempla el pago diferido (por seis meses) de los aumentos salariales a los pasivos. El falló de Tibaldi de Bertea surgió en el marco de un recurso de amparo que presentó un jubilado local. El amparista adujo tener una hija con una discapacidad del ciento por ciento y argumentó que, mientras se sustancia el juicio, no puede dejar de percibir los aumentos previstos por la norma anterior, la ley 8024

Es un recurso judicial extraordinario que permite la intervención de la Corte Suprema en casos de “gravedad institucional”. Es un recurso judicial extraordinario que permite la intervención de la Corte Suprema en casos de “gravedad institucional”. El presidente del bloque de senadores kirchneristas Miguel Pichetto justificó la presentación del proyecto al indicar que la cuestión originada por la medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios “tiene gravedad institucional”. “Creemos –agregó el senador– que ésta sería una de las cuestiones a las que debería avocarse la Corte” mediante el per saltum . El proyecto para reglamentar esta herramienta jurídica muy utilizada por la gestión de Carlos Menem, será tratado en comisión el martes próximo. La iniciativa indica que la Corte habilitará la instancia “con mecanismos restringidos y de marcada excepcionalidad” y advierte que “sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de insta

La Iglesia Católica excomulgó a todos los legisladores que votaron el miércoles pasado a favor de la sanción de la ley que despenalizó el aborto en Uruguay. La Iglesia Católica excomulgó a todos los legisladores que votaron el miércoles pasado a favor de la sanción de la ley que despenalizó el aborto en Uruguay. Monseñor Heriberto Bodeant, secretario de la Conferencia Episcopal, explicó al diario local  El Observador  que los legisladores se apartan de las creencias de la Iglesia Católica, por lo que quedan excomulgados. “La excomunión automática es para quien colabora en la ejecución de un aborto de manera directa, y directa es que se haga ese acto en concreto. (...) Si un católico vota (una ley) con una manifiesta intención de que le parece que la iglesia está mal en eso, se aparta él mismo de la comunión de la iglesia”, dijo Bodeant. El monseñor explicó en qué consiste la decisión: “La excomunión significa decir ‘usted no está en comunión con la comunidad eclesial a la qu

Cuando ayudamos a construir la ley 9.848, hace más de dos años, planteábamos que con sólo la ley no era suficiente.  Jorge Cáceres  (Psicólogo, integrante de la Mesa Permanente en Salud Mental). Cuando ayudamos a construir la ley 9.848, hace más de dos años, planteábamos que con sólo la ley no era suficiente.  Modificar la ley implicaba cambiar una dinámica. Había que modificar las políticas públicas y pensar la salud mental para que todo el mundo tuviera acceso a instrumentos para evitar posibles crisis e internaciones. Lo visualizamos con una lógica del derecho, porque la salud mental es un derecho, como la salud. Y, por ejemplo en las internaciones, se suelen violar derechos básicos. Necesitábamos un instrumento para modificar el paradigma, pero con un trabajo integral. Criticamos que, ante otros hechos de resonancia pública, se crearon instrumentos con presupuesto y personal como por ejemplo la Secretaría de Adicciones o la de Violencia Familiar. Pero, en nuestro c