jueves, 28 de abril de 2011

Denuncian a Oyarbide por bailar y cantar con "la Mona" Jiménez


Consejeros de la oposición harán hoy una presentación contra el juez por su conducta.

El programa original del juez federal Norberto Oyarbide era pasar un fin de semana de tranquilidad en Córdoba, pero hubo un cambio de planes y el viernes a la noche fue a ver el show de Carlos "la Mona" Jiménez: se subió al escenario, tocó "La última curda", bailó cuarteto y cantó el hit "Beso a beso" pegado a su amigo, ídolo absoluto en la provincia.
Las fotos y el video de aquella noche hicieron furor en Internet, pero serán además las pruebas de un expediente que se abrirá en su contra. Hoy, referentes del antikirchnerismo en el Consejo de la Magistratura presentarán una denuncia contra Oyarbide por posibles "actos ofensivos al decoro de la función judicial" que "podrían comprometer la dignidad de su cargo".
Así lo adelantaron a LA NACION sus promotores, el ex presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo y el abogado Alejandro Fargosi. El senador Mario Cimadevilla (UCR) evalúa sumarse a ellos. "No es pacatería. Los jueces sabemos que debemos ser prudentes. Así como tenemos privilegios que son por la función, también tenemos prohibiciones especiales", dijo Recondo.
Oyarbide (que ayer hizo saber a LA NACION que no hablará del tema) ha sorteado acusaciones mucho más graves. En 2001, sobrevivió a un juicio político. Entonces, lo acusaban de proteger una red de prostíbulos y llevaba dos años en el centro de un escándalo: lo señalaban como cliente VIP de Spartacus, un burdel gay, y circulaba por televisión un video, supuestamente de él, en ese lugar.
En los últimos tiempos fue objeto de varias denuncias. El año pasado, el Consejo cerró la más delicada: la que lo investigaba por haber sobreseído a los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Además, tiene otras dos abiertas, que no han sido siquiera tratadas este año: una por haber procesado a Mauricio Macri y otra por sus declaraciones sobre la mafia de los medicamentos.
"En algún momento hay que empezar. Al Capone fue a prisión por evadir impuestos", dijo Recondo. Para Fargosi, no es un tema menor. "A los jueces el sistema les da un monumental poder y eso tiene como contrapartida que las reglas que rigen su vida, tanto profesional como personal, son distintas. Su cargo es incompatible con exponerse meneándose con la Mona Jiménez. Y si lo invitaron es, justamente, porque es juez", afirmó.
La denuncia se basa en dos normas: la ley del Consejo y el reglamento para la justicia nacional. La primera incluye entre las faltas disciplinarias de los jueces "los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo", y establece que configurarán mal desempeño (causal de remoción) "los graves desórdenes de conducta personales". El segundo dice que los magistrados "deberán observar una conducta irreprochable".
Oyarbide -instructor de muchas de las causas de mayor voltaje político- nunca ocultó su vida social. Ya había viajado a Córdoba para homenajear a "la Mona", pero además, en los últimos años, caminó por la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata, asistió a una velada de box y posó para una foto con el vencedor; fue, vestido de jaquette , a la procesión de la virgen del Milagro, en Salta, y los habitués de la noche porteña lo cruzaron más de una vez en Esperanto, boliche favorito de vedettes y futbolistas.

Polémica el por tope de edad para ingreso al Poder Judicial

El denunciante aspiraba a concursar para un cargo administrativo y fue rechazado por tener 35 años.
En Río Negro, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) elevó una nota al Superior Tribunal de Justicia de aquella provincia en la que insta a los magistrados a rever la política del Poder Judicial sobre edad.
La situación se suscitó a raíz de que un postulante de 35 años quiso anotarse para rendir el ingreso para un puesto administrativo y fue rechazado, ante lo cual hizo la denuncia en la delegación del Inadi de Río Negro. El instituto consideró que con la acción descripta se configuró un acto discriminatorio.
La nota del Inadi fue dirigida al presidente del STJ, Alberto Balladini. En el documento se advierte que imponer un límite etario es discriminatorio, tal como lo establece la ley 23592, y que se violenta el principio de igualdad.
Fallo
Asimismo, el organismo mencionó el amparo presentado en contra de la Provincia de Buenos Aires, tras lo cual un concurso para un cargo docente fue suspendido por violar las disposiciones relacionadas con las franjas etarias para los puestos de trabajo.

En aquel fallo los jueces intervinientes aseveraron que “dictar normas que excluyan a unos de lo que se establece para otros en iguales circunstancias, sin que esos regímenes obedezcan a un criterio objetivo y razonable de discriminación, lesiona con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el principio constitucional de igualdad ante la ley”.
Además, en la nota se les recuerda a los ministros que rigen los dictámenes 023/08 y 144/08, en los que el organismo se pronunció en contra de las restricciones basadas en la edad para acceder a un trabajo en el marco del Plan Nacional contra la Discriminación.

Judiciales impugnaron concurso para auxiliares de la defensa

El gremio asegura que los exámenes se harán a la medida de quienes ya están ocupando el puesto. Además, se oponen a que se los incluya en la categoría de jefe de despacho.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) impugnó la acordada por la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) llamó a concurso para auxiliares colaboradores de la defensa pública en el fuero Penal y presentó ayer un recurso de reconsideración en contra de esa resolución. Según el sindicato, la convocatoria “no es otra cosa” que un concurso hecho “a medida”,  que no hará más que confirmar en el cargo a quienes hace dos años fueron elegidos “a dedo”, sin concurso mediante. “Todos los nombrados como auxiliares de la defensa lo fueron por la sola voluntad del asesor que los designó, entonces está claro que con este concurso se trata de convalidar esos nombramientos”, advirtió el gremio.
Según confirmó a este diario la titular de la AGEPJ, Irina Santesteban, entre 85 y 90 empleados trabajan hoy en el Poder Judicial como colaboradores de la defensa en toda la provincia y en todos los fueros. Aunque la remuneración  para ellos debería ser equivalente a  la de los cargos de prosecretarios y secretarios, el TSJ resolvió, “provisoriamente”, otorgarles la categoría de jefes de despacho. Ése es precisamente uno de los aspectos a los que se opone el gremio.
En la impugnación, éste remarca que a la categoría de jefe de despacho se accede por orden de mérito (esto es, por antiguedad y antecedentes) y no por concurso.
“La tarea de los codefensores debe ser remunerada en forma equivalente, al menos, a un prosecretario”, opinó Santesteban. Y agregó: “lo provisorio después termina siendo regla”.
La cuestión de fondo es presupuestaria. El Ejecutivo autorizó al Poder Judicial para este año 64 cargos de jefe de despacho y con ello el TSJ pretende resolver provisoriamente la cuestión.
Inconstitucionalidad
En otro tramo de la impugnación, el gremio advierte al presidente del TSJ, Domingo Sesin, que, en la práctica, los auxiliares colaboradores de la defensa pública del fuero Penal actúan suplantando al asesor letrado. “La función del asesor letrado no puede ser delegada a un auxiliar colaborador que no tiene facultades para ello, ya que éste sólo puede acompañar, con instrucciones del asesor, pero no puede suplantarlo en aquellos actos que la Constitución Provincial y las leyes de rito ordenan su presencia, bajo pena de nulidad”, remarcaron.

Así,  recuerdan que el cargo de asesor letrado tiene rango constitucional y su reemplazo sólo puede ser cubierto por un par o un abogado de la matrícula designado ad-hoc  o por el mecanismo previsto en la ley 9359.
Un poco de historia
-  Los cargos de auxiliares colaboradores de la defensa pública fueron creados en diciembre de 2007, en el marco de la Reforma de la Estructura Orgánica de las Asesorías Letradas.
-  Su objetivo era el de fortalecer los procesos de asistencia, asesoría, orientación y representación al ciudadano y  que los defensores contaran con personal adecuado en quienes pudieran delegar actividades.
- Por acordada se resolvió que estos auxiliares colaboradores serían seleccionados entre la planta del Poder Judicial, a propuesta de los mismo defensores.

miércoles, 27 de abril de 2011

Zaffaroni habló de una policía “corrupta” y “golpista”

El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, dio unfuerte respaldo ayer a la política de la ministra de Seguridad Nilda Garré en relación a la Policía Federal. En ese contexto Zaffaroni señaló: “por fin estamos tratando de resolver una deuda que teníamos desde la vuelta de la democracia; no habíamos redefinido nuestro modelo de polícía”.
“La corrupción de la institución policial no tiene que ver con los bajos sueldos. Yo la llamo ‘ámbito de recaudación autónoma’. Esto lo toleró la estructura política, cambió recaudación autónoma por condiciones de gobernabilidad, que funciona desde el 1800”, explicó el magistrado del alto tribunal durante una entrevista con Radio Mitre.
“El ámbito de recaudación autónoma de la Policía financia el caudillismo local y eso corrompe los partidos políticos desde la base ”, agregó Zaffaroni, quien el domingo 1 de mayo presentará su nuevo libro “La palabra de los muertos. Conferencia de Criminología cautelar”, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires.
Ayer, durante la entrevista con Radio Mitre, el juez fue más allá y dijo que “dentro de la Policía” hay “fabricación de delitos”, y “se manda gente en zona liberada para fabricar el delito”. Agregó, “esas cosas existen y las vemos”.
Es más, Zaffaroni opinó que “hoy los golpes de Estado tiende a darlos la Policía” . “Nuestra propia experiencia nos enseña que el último empujón a (Fernando) de la Rúa se lo dio la policía, y que el último empujón a (Eduardo) Duhalde también se lo dio la policía”, agregó.

Fuente: http://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-hablo-policia-corrupta-golpista_0_470353031.html

Entre los argentinos, 76% cree que la Justicia es poco honesta

El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) creció casi tres puntos y medio en el último año, pero 76 por ciento de la población considera que es “poco” o “nada” honesta.
Así se desprende de la última medición realizada por la ONG Fores, la Fundación Libertad y la Universidad Torcuato Di Tella.
La muestra, la decimonovena desde 2004, se realizó entre el 3 y el 15 de marzo de 2011 sobre un millar de casos en todo el país y dio como resultado que el ICJ trepó de 50,5% en marzo de 2010 a 53,9% en el mismo mes de 2011.
Sin embargo, cuando las preguntas se orientaron a temas específicos y sensibles, los resultados fueron menos alentadores.  En cuanto a “tratar a todos por igual”, la percepción de 58 por ciento de los encuestados indicó que es “poco confiable” y 18 por ciento, “nada confiable”; 22 por ciento la consideró “confiable” y apenas 2 por ciento la calificó como “muy confiable”.
En términos de eficiencia, la suma de poco y nada confiable trepó a 73 por ciento. En cuanto a la “honestidad”, 54 por ciento consideró la justicia como “poco confiable”, 22 como “nada confiable” y sólo 23 por ciento la tildó de “confiable”.
El ICJ, no obstante, es el más alto desde la primera medición, en junio de 2004, cuando tocó el piso de 46,3 por ciento.

Mañana comienzan las Cuartas Jornadas de Derecho de Familia

Desde mañana y hasta el viernes, Córdoba será epicentro del debate sobre el derecho de familia, que reunirá grandes maestros en la materia. Con la organización de la Fundación Simiente y el auspicio de Comercio y Justicia, las IV Jornadas de Derecho de Familia reunirán figuras como Aída Kemelmajer de Carlucci, que hablará sobre la eficacia de las sentencias, y Valeria Durán, con “La identidad. Un derecho que se construye”.
Asimismo, disertarán también: Cecilia Grosman, quien abordará el tema de los adultos mayores en la relación de familia, y María Belén Mignón, con aspectos de la familia homoafectiva.
Por otra parte, Luz Pagano hablará sobre Aspectos relevantes de la nueva ley de salud mental Nº 26657,  Marisa Herrera disertará sobre conflictos contemporáneos sobre la filiación adoptiva, en tanto que el fiscal de Cámara Marcelo Altamirano abordará el tema de las condenas penales en violencia familiar.
También disertarán Nora Lloveras, Dolores Loyarte, Jorge Azpiri y Marcelo Salomón. El encuentro se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Para mayor información e inscripción, comunicarse con fundacionsimiente.cba@gmail.com

Abogados laboralistas plantean dificultades para su actividad

En nota dirigida al Tribunal Superior de Justicia solicitan medidas para subsanar problemas recurrentes. Cargos bancarios, consultas on line y mejor atención, entre los reclamos.
El Círculo de Abogados Laboralistas de Córdoba cursó una nota al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de que el Alto Cuerpo arbitre medidas y realice gestiones tendientes a subsanar diversas cuestiones que, al entender de los letrados, dificultan el funcionamiento del fuero de Trabajo.
Entre las cuestiones planteadas, figuran el cargo de mantenimiento de la cuenta de depósitos judiciales, que se deduce mensualmente de los importes allí consignados, implementado desde tiempo atrás por el Banco de Córdoba, sucursal Tribunales. Teniendo en cuenta que en los juicios laborales este medio de pago es obligatorio (art. 277 LCT), los abogados lo consideran violatorio del principio de gratuidad contenido en el artículo 20 de la misma normativa y requieren que se gestione que sea sin cargo el mantenimiento de tales cuentas.
Asimismo, los letrados solicitan la instrumentación de un sistema de consulta “on line” para que los tribunales de Trabajo puedan verificar de manera efectiva la existencia de fondos y movimientos realizados en las cuentas de depósitos judiciales abiertas a su nombre.
Por otra parte, el Círculo hace hincapié en el abarrotamiento de las barandillas en los juzgados de Conciliación, que “constituye una problemática muy seria, tanto para el funcionamiento de dichos tribunales como para el ejercicio profesional”, lo cual torna -según esta óptica- “imperioso modificar el emplazamiento enfrentado de las barandillas de los Juzgados de Conciliación de Segunda y Tercera Nominación”. En este mismo marco se inscribe la petición para que se designe un empleado por secretaría de esos tribunales a fin de agilizar las tareas, amén de que se insista en la puesta en marcha de los dos juzgados creados por ley y que aún no funcionan.
Otra de las sugerencias se enfoca en el Sistema de Administración de Causas (SAC), ponderando su utilidad, pero remarcando que sería de utilidad que la jurisprudencia sea de acceso abierto a todos los litigantes registrados, para que las sentencias de las Salas puedan ser consultadas electrónicamente por todos los abogados registrados, a través del número de la causa respectiva, aunque no intervengan en ella.
Según esta perspectiva, “ello permitiría un manejo de la jurisprudencia más fluido, sin necesidad de recurrir a la consulta del expediente en papel para poder acceder a los fallos”.
En tal sentido, los abogados laboralistas peticionan al TSJ que arbitre los medios para que los letrados tengan acceso a los decretos y resoluciones dictadas, aunque el expediente se encuentre a despacho, ya que no existe ningún fundamento que justifique lo contrario. Además, manifiestan que “sería además importante que conste la planilla de partes, con detalle de los letrados intervinientes y sus domicilios actualizados, a fin de poder cursar las notificaciones del caso cuando fueren a cargo de las partes”.
El documento es firmado por la Junta Promotora del Círculo, que integran los letrados Pablo Carrión Manzanel; Ricardo Giletta, Oscar Luque; Camel Layún, Cecilia Pérez Correa, Pablo Casih, Fernando Manavella, Luciano Ciaravino, Hernán Faure, Juan Carlos Layún, Martín Allende, Nicolás Astegiano, Simón Cafure, Franco Torti, Clara Baudino, Franco Mogetta y Luis Reinaudi.

Córdoba avanza en las fiscalías especializadas

En la próxima semana se pondrá en marcha una dependencia con dedicación a violencia familiar y otra destinada a casos de menores de edad que han sufrido abuso sexual.
La complejidad de los delitos y la necesidad de mayor especialización de quienes tienen a su cargo la investigación de casos complejos han sido algunas de las razones y la acción principal para que la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba decida avanzar en la creación de fiscalías especializadas.
En octubre se puso en marcha una unidad de investigación de delitos complejos y la próxima semana entrará en funcionamiento una fiscalía especializada en violencia familiar.
Según pudo conocer Comercio y Justicia, la dependencia estará a cargo de la actual fiscal de Instrucción -del Distrito 2, Turno 2- Mercedes Ballestrini y funcionará en el mismo horario y con la misma modalidad que el resto de las fiscalías de Instrucción.
El fiscal General de la provincia, Darío Vezzaro, aclaró a este diario que la oficina no albergará la totalidad de las causas de violencia sino sólo aquellas consideradas graves, ya sea por el tipo de delito del que se trata o por la reiteración de hechos. “No queremos congestionar la fiscalía, por eso estamos coordinando las tareas con los equipos técnicos y resolviendo qué tipo de causas ingresarán para su instrucción”, remarcó Vezzaro. La modalidad de recepción de las denuncias de violencia doméstica seguirá sin modificaciones. Tanto las unidades judiciales como la Dirección de Violencia dependiente del Ministerio de Justicia o la oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) recibirán las denuncias de las víctimas.  Después, en caso de que existan delitos de índole penal, intervendrá la nueva fiscalía.
Además de la Fiscalía de violencia, Vezzaro adelantó a este medio que también pondrán en marcha otra destinada a investigar los casos de abusos sexuales en menores de edad. En principio, sólo un fiscal será el que aborde esta tarea. La funcionaria elegida para ello es Alicia Chirino, hoy fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 2.  En una segunda etapa podrá sumarse otro funcionario judicial, aclaró Vezzaro.
El fenómeno
Una realidad dura y en crecimiento
Según las estadísticas confeccionadas por el Área de Investigación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, durante el período 2006-2009 se incrementaron en 51 por ciento la cantidad de denuncias por violencia familiar que fueron admitidas por el Poder Judicial de Córdoba.  Se estima que la mitad de esas denuncias deben ser giradas a las fiscalías para su instrucción, lo que demuestra la gravedad y la extensión de este tipo de situaciones y el volumen de trabajo que, una vez creada, recaerá en esta unidad de investigación.

Imputaron a Falo por emitir cheques sin fondo

El fiscal de Instrucción Alejandro Moyano imputó ayer al ex legislador delasotista Marcelo Falo por el delito de “frustración maliciosa de pago de cheques”, en el marco de la causa abierta por la denuncia del comerciante Juan Panizzo, quien acusó a Falo y a la ex ejecutiva del Banco Macro, Laura Parmigiani, de haberlo estafado.
El delito está tipificado en el artículo 302 del Código Penal y prevé penas que van de los 6 meses a los 4 años de prisión.  Según trascendió, a raíz de esta imputación,  el ex vocero de José Manuel de la Sota será citado a declarar en calidad de imputado en los próximos días.
Juan Manuel Panizzo fue uno de los primeros en denunciar a Falo por el pago con cheques sin fondos. Según la denuncia, el 5 de octubre del año pasado Falo le entregó a Panizzo cuatro cheques por un monto aproximado a 200 mil pesos.
Al día siguiente, el por entonces legislador presentó una nota en el Banco Provincia de Córdoba solicitando el cierre de su cuenta. En consecuencia, Panizzo nunca pudo cobrar esos cheques y acudió a la Justicia.
El ex legislador, quien renunció a su banca hace seis meses cuando el caso tomó trascendencia pública, es investigado por cuatro fiscalías por haber liberado más de 3 millones de pesos en 105 cheques sin fondos.
Contra el dirigente peronista hay más de 25 denuncias en juzgados provinciales y uno en la justicia Federal.

Fuente: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/04/27/imputaron-a-falo-por-emitir-cheques-sin-fondo/

Lecturas de campaña

La imputación del ex legislador delasotista Marcelo Falo, resuelta ayer por el fiscal Alejandro Moyano, reflotó el caso que había explotado en noviembre del año pasado. 

La imputación del ex legislador delasotista Marcelo Falo, resuelta ayer por el fiscal Alejandro Moyano, reflotó el caso que había explotado en noviembre del año pasado y que, tras convulsionar el escenario político provincial, pareció empantanarse en los despachos tribunalicios, nunca indiferentes a los tiempos del poder político (VerImputaron a Falo por "frustrar" el cobro de 4 cheques rebotados).
En el casi medio año que transcurrió desde que este diario puso en evidencia la situación de Falo, se presentaron denuncias y demandas que derivaron en la tramitación de 22 causas, cinco penales y otras 17 civiles.
En esos expedientes, aparecen decenas de personas físicas y jurídicas, militantes, profesionales, amigos y ex amigos de Falo. En consecuencia, el ex funcionario quedó envuelto en presuntas estafas, sospechado de lavado de dinero para encubrir una supuesta evasión impositiva e investigado por enriquecimiento ilícito, ya que, según el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, manejó en sus cuentas 18 millones y medio de pesos en sólo dos años, con un sueldo apenas superior a los 10 mil pesos.
De acuerdo con los registros del Banco Central, el ex funcionario provincial alcanzó a librar 107 cheques sin respaldo, por un total de 3.204.070 pesos. Con todos esos números y antecedentes, la imputación por “frustración maliciosa de cheques” en un caso de sólo cuatro valores por 250 mil pesos, parece mezquina.
Sin embargo, leída en términos políticos (parece imposible no hacer esa lectura en un año electoral, con el ex jefe de Falo como candidato del oficialismo), la imputación tiene muchos significados.
Para el oficialismo, demuestra la independencia judicial y libera de compromisos a José Manuel de la Sota, quien ante cada pregunta podrá responder que “ya está en manos de la Justicia”. Para la oposición, en cambio, se trata de una imputación leve, hecha a medida de las necesidades de Unión por Córdoba, que quiere dar por cerrado el caso antes de la campaña electoral.

Imputaron a Falo por "frustrar" el cobro de 4 cheques rebotados

Es por la denuncia de un comerciante al que le debe 258.000. No hay pruebas para acusarlo de estafa, dijeron fuentes judiciales.

El fiscal de Distrito 1 Turno 5, Alejandro Moyano, imputó ayer por “frustración maliciosa del cobro de cheques” al ex legislador delasotista Marcelo Falo, en el marco de la causa iniciada en diciembre del año pasado por la denuncia de un comerciante que acusó al político de estafa.
Fuentes de la Fiscalía justificaron la aplicación de ese ignoto tipo delictivo con el argumento de que en el caso en cuestión no se pudo comprobar, por ahora, el delito de estafa.
El hecho denunciado se remonta al 5 de octubre de 2010, cuando el comerciante Juan Manuel Panizzo cambió cheques con el por entonces parlamentario oficialista, a instancias de Laura Parmigiani, quien por esos días todavía se desempeñaba como ejecutiva de cuentas Premium del Banco Macro. Según explicó el abogado de Panizzo, César Martínez Remacha, su cliente le dio a Falo varios cheques de su propia cuenta, y recibió del legislador otros tantos. Falo endosó los documentos de la cuenta de Panizzo y los vendió a otras personas. Cuando Panizzo intentó cubrir esos valores con los cheques que le había dado Falo se encontró con que la cuenta del ex legislador ya no existía. Entonces Panizzo tuvo que cubrir 258 mil pesos de su bolsillo que todavía no ha podido cobrar.
Según allegados a la investigación, el fiscal estableció que dos días después del intercambio de cheques, Falo pidió cerrar su cuenta en el Banco de Córdoba. En esa acción se habría apoyado el fiscal para acusarlo de “frustración maliciosa”. Las mismas fuentes indicaron que el delito que se le imputó a Falo prevé una pena de entre 6 meses y cuatro años, y que, por ahora, no será detenido; “antes del fin de semana será citado a declarar”, indicaron.
Este diario se comunicó con el ex legislador, quien se excusó de hacer declaraciones. Su abogado, Mario Ponce, dijo: “Mi cliente es inocente, y esta imputación nos permitirá ejercer el derecho de defensa para esclarecer la situación”. Expresó que “desde 1872 está suprimida la prisión por deudas en la legislación” y que demostrará que el problema de Falo es “una deuda que no ha podido afrontar y por la que no se podrá sostener una imputación penal en los términos que pretenden sus acreedores”, a quienes tildó de “simples prestamistas”.
El patrocinante de Panizzo, César Martínez Remacha, dijo que la imputación lo había dejado “conforme a medias” porque esperaba una acusación “más fuerte, como la de estafa”. Luego agregó: “Entendemos que la estafa de Falo y de Parmigiani está probada, porque mi cliente fue convocado por Parmigiani quien le sugirió cruzar cheques con Falo, y ambos le dieron garantías, de manera ardidosa, que engañaron a mi cliente”.
El letrado dijo que apenas Falo declare, accederán al expediente y tratarán de hacer variar la imputación por otra “más gravosa”.

martes, 26 de abril de 2011

Denuncian beneficios a abogadas vinculadas a un funcionario judicial por cobro de multas

La "irregularidad" fue puesta de manifiesto por el legislador juecista Eduardo Bischoff. "El estudio Colombero y Sargiotto hace las estimaciones y recibe 200 pesos por cada una de las 200 mil intimaciones", precisó en diálogo con Cadena 3.


El legislador juecista Eduardo Bischoff, en diálogo con Cadena 3 denunció una serie de “irregularidades” en el cobro de multas impagas, labradas por la Policía Caminera en rutas de la provincia. 

El dirigente opositor señaló que los trámites son desarrollados por un estudio jurídico “propiedad de dos abogadas”, estrechamente vinculadas a un “funcionario judicial”. 

Según Bischoff, son aproximadamente 200 mil multas las impagas y estimó que el monto significa alrededor de 400 millones de pesos. 

“El estudio que hace las estimaciones recibe 200 pesos por cada una de las intimaciones, imagínese el dinero que hay en juego. Se trata del estudio de las doctoras Colombero y Sargiotto. El procedimiento no es transparente y es dedicado a recaudar antes de que el Gobierno termine su mandato”, aseguró el legislador. 

En ese sentido, reclamó al ministro de Gobierno, Carlos Caserio, que brinde alguna “explicación” sobre el tema. 

“Queremos que nos responda sobre cómo ha sido llevado a cabo el procedimiento. Ojalá que las multas no terminen siendo el botín de guerra”, afirmó.

“El fiscal llamaba a casa y le daba información”

En la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Montenegro denunció que el fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica le filtraba información al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico.



Entró en la sala de audiencias sin pañuelo, convencida de que no le iba a hacer falta. Su apropiador se lo había dicho muchas veces: que no llorara, que ésa era una forma de mostrarse débil ante el enemigo. Victoria Montenegro ayer lloró, lloró mucho, acompañada por buena parte de la sala. Contó escenas de sus años de hija de desaparecidos apropiada por un coronel de Inteligencia del Ejército. Por primera vez en su vida declaró contra él y, de alguna manera, a favor de la recuperación de la historia de sus padres biológicos. En medio de ese relato denunció al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica porque, mientras la Justicia investigaba a su apropiador, el fiscal filtraba información hasta veinte días antes. Al terminar la audiencia, en la causa sobre el plan sistemático para apropiar hijos de desaparecidos, el fiscal Martín Niklison pidió al Tribunal Oral Federal 6 que impulse una denuncia penal a Romero Victorica y envíe los datos al procurador general.
“Yo de Romero Victorica nunca dije nada y, pese a que tuve charlas en Abuelas, siempre me contuve –dijo Victoria–. Nunca dije nada porque estaba convencida de que soy una persona sumamente leal y que yo le debía lealtad a él, porque había ayudado a mi papá. Cuando hace poco me llamaron para declarar en una causa, me di cuenta de que a este señor no le debo nada, que en realidad no ayudó nunca. Que mi papá está desaparecido. Y que él hizo todo lo contrario: ayudó a que yo apareciera más tarde, y ahora tengo a mis abuelos muertos, a mi tía también muerta... Recién entonces pude darme cuenta de quién es esta persona.”
Romero Victorica era amigo de Herman Tetzlaff, el apropiador de Victoria. Ella ubicó esa relación desde antes de 1992. En ese momento, la Justicia reabrió una causa contra Tetzlaff y ordenó detenerlo. Romero Victorica, que en la familia era mencionado con un apodo, le puso tres abogados y en tres meses lo sacaron de la cárcel. Victoria dijo que eran abogados que ellos no estaban en condiciones de pagar. Y que luego le adelantó a su apropiador todos los avances de la causa: “El llamaba a casa y le daba información”, explicó. En una ocasión, para el momento de la primera detención de su apropiador, fue Victoria la que le atendió el teléfono. Ella lloraba: “El me dice que me quede tranquila y me pega dos gritos: me dice que llorando no se soluciona nada, que mi padre estaba orgulloso de mí, que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba a poner a unos amigos para que lo sacaran... Ahí me entero de quién era esta persona”.

La historia

Victoria nació el 31 de enero de 1976. Sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la JP primero y luego del ERP, salteños, una familia que escapaba del Operativo Independencia. Trece días después del nacimiento, un grupo de tareas entró en la casa donde vivían, en Boulogne. Tetzlaff era el jefe del operativo, un hombre que había sido jefe de los grupos de tareas de El Vesubio, jefe de Inteligencia y en algún momento encargado del arma de Comunicaciones en Campo de Mayo. Se apropió de Victoria seis meses después del operativo en el que –como le confesó más adelante– él mismo asesinó a su padre. ¿Usted vivió con otra identidad durante muchos años? –preguntó Niklison al comenzar la audiencia.
“Me llamaron María Sol Tetzlaff Eduartes, nacida el 28 de mayo del ’76 en Boulogne, San Isidro, como hija del coronel Herman Antonio Tetzlaff y de su esposa, María del Carmen Eduartes. Yo nunca tuve dudas de que no era María Sol, me decían que era hija de ellos”, explicó. ¿Qué versión le dieron? “Yo siempre tuve dudas, pero sobre el horario en el que había nacido. Lo que le preguntaba a mi apropiadora era la hora: sabía que el 29 de mayo era el Día del Ejército. Me decían que el 28 Herman tuvo un desfile militar en San Isidro, ella se descompone y yo nací en la Clínica del Sol.” ¿Cuándo aparecieron las dudas de que no sería hija de ellos? “Cuando tenía nueve años, calculo, llaman a Herman a un juzgado de Morón. Un día yo lo acompaño. Entro con él al despacho del juez y el juez pregunta si no era mejor que yo esperara afuera. El dijo que no. El juez saca del cajón una causa y le dice que las ‘viejas’ ya estaban empezando a molestar. Que se quedara tranquilo, que el encargado de todo esto era otro colega, pero que tomara conocimiento de que estaba pasando esto.”
Eso sucedió alrededor de 1989. Victoria no se acuerda del nombre del juez, pero sabe que en ese momento empezó la causa a Tetzlaff. “Hasta entonces, yo lo que sabía era que en Argentina hubo una guerra, en ese momento yo consideraba a Herman como mi papá, para mí la subversión se estaba vengando de ellos que habían sido soldados; que los desaparecidos eran mentira. Pensaba que no eran personas físicas, sino un invento de las Abuelas.”
Cada vez que aparecía en TV algo que no cerraba con ese relato, Tetzlaff la sentaba a adoctrinarla. Le dijo que lo primero que hacía la subversión era dañar a la familia, núcleo vital de una sociedad sana. Que las Abuelas instaban las dudas para crear miedo. “Por eso para mí eran todas unas mentiras: yo era hija de él y estaba convencida de que todo era un invento.”
Tetzlaff era enorme: medía dos metros y pesaba 145 kilos. Era rubio como su mujer, descendientes de alemanes. Vivían rodeados de policías y de militares en los monoblocks de Villa Lugano, que recién se habían construido, dijo Victoria. El departamento solía estar lleno de banderas. Tetzlaff hablaba de la causa: “La causa no sé qué era exactamente, pero era una bandera celeste y blanca; ellos eran los buenos, había una causa nacional; era el olor a cuero, las botas, la familia cristiana, la misa, cenar afuera porque Mary no cocinaba, para mí ésa era la familia: los restaurantes llenos y Herman que terminaba las conversaciones con la 45 arriba de la mesa diciendo: ‘Yo siempre tengo razón, y más cuando no la tengo’”.

Victorica

Entre los amigos de Tetzlaff estaban Leopoldo Galtieri, Guillermo Suárez Mason y Omar Riveros. Con la democracia, a Tetzlaff lo ascendieron de teniente coronel a coronel, lo mandaron a Paraná como juez de instrucción militar para alejarlo por las causas que empezaban a ventilarse en Buenos Aires. Cuando Victoria cumplió 15 años, lo detuvieron por primera vez: entonces apareció Romero Victorica.
“Herman estaba muy nervioso. Un día me llama y me plantea que ya había una causa que había tomado (Roberto) Marquevich, que era un juez montonero, que estaban las Abuelas de por medio, que lo más probable era que me sacaran sangre para compararla con el Banco Genético que en realidad lo manejaban las Abuelas.” En ese momento, también le dijo que seguro iban a decirle que era “hija de la subversión, así es que seguramente después vengan y te saquen de casa. Yo decía mientras tanto que no: que diera lo que diera, me iba a quedar con él; él me lo agradeció y que me dijo que no esperaba otra cosa de mí”.
Para entonces, Tetzlaff tenía a su “amigo en Comodoro Py” que le pasaba todos los datos, dijo ella. Cuando Marquevich, que era juez de San Isidro, la llamó para sacarse sangre, Tetzlaff la acompañó al Banco Genético. Poco después, le anunciaron la primera parte de lo esperado: que no era hija de quienes hasta ese momento suponía sus padres. “Me dijeron que en un 99 por ciento yo no era hija de ellos, pero yo dije que me quedaba con ese uno por ciento, porque sí era hija de ellos. Les decía que eran todos unos subversivos, porque pensaba que era hija de ellos.”
En el camino, Tetzlaff quedó detenido. Romero Victorica puso a sus amigos abogados que, según el relato, le debían un favor. Uno de ellos era un sobrino suyo de apellido Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que ordenó en 1981 allanamientos a los organismos de derechos humanos. “Lo sacaron a Herman a los tres meses de Caseros, entró en diciembre y salió en abril para la Pascua”, recordó ella.
Mientras tanto, Marquevich seguía buscando la identidad. Un día le pidió más sangre para compararla con otras muestras, pero ella se negó para frenar la causa. Un mes y medio después, su apropiador, que ya sabía lo que estaba pasando, le avisó que la iban a llamar de la Cámara de Casación de San Martín. Ella entró a entrevistarse con los jueces sabiendo que había tres, “uno subversivo y montonero y dos de los nuestros”, dijo. Después de entrevistarla, la Cámara sacó un fallo aceptando que no se sacara sangre, un fallo que nutrió más adelante la resolución de Evelyn Vásquez, que terminó confirmada por la Corte Suprema de Nación.
Victoria le avisó Tetzlaff: “Me acuerdo que Herman me esperaba en una parrilla cerca –dijo–, y yo fui y le llevé el fallo. Me felicitó: ‘Muy bien, m’hija’, me dijo. Se lo di y me acuerdo que cuando me senté creo que fue el comienzo del momento de empezar a hacerme cargo de la otra historia. Pensé: ahora soné si alguna vez quiero saber algo”.
Finalmente, no hizo falta una nueva muestra. Con los nuevos métodos, el juzgado hizo el cruce. Marquevich la llamó un día para decirle cuál era su familia: “Me agarró terror –dijo ella–, porque era hija de la subversión, ése fue el primer miedo”. Cuando su apropiador estaba enfermo o ya había fallecido, ella entró al despacho de Romero Victorica en Comodoro Py. Iba a preguntarle cómo hacer con su nuevo documento porque no lo quería. “¡Si lo habré tenido al gordo acá sentado horas!”, contó que le dijo el fiscal.

El complot contra el juez

Un día, Martín Anzoátegui y otro de los abogados que le había asignado Juan Martín Romero Victorica llamaron a Victoria para proponerle un complot contra el juez Roberto Marquevich. “Para destruir al joven Marquevich”, le dijeron, según contó ella. “Creo que fue cuando el juez ordenó la detención de la señora (Ernestina Herrera) de Noble –dijo Victoria–: decían que había pasado todos los límites.” La propuesta consistía en denunciar al magistrado. Tiempo antes, Marquevich se había enojado con ella porque se negaba a leer el expediente con la historia de sus padres. Le preguntó si sabía leer y le gritó que leyera. Victoria salió del despacho diciendo le habían gritado. Y los abogados ahora pretendían montarse a esa situación: “Querían que yo saliera a los medios a decir que había sido víctima de malos tratos de parte del juez y ellos me iban a ayudar para agrandar esa situación”, dijo. “El tema era que si corríamos a Marquevich de la causa se paraba el expediente y papá además zafaba de ir preso.” En ese contexto, Victoria agregó un detalle: ella aceptó hacer la denuncia para la que los abogados aseguraban contar con todos los medios, pero finalmente no avanzaron porque, al parecer, la vieron muy temerosa. Marquevich fue destituido, pero Victoria recordó que entre las causales de la destitución se mencionaba a su apropiadora: al juez lo acusaron de darle a ella prisión domiciliaria y a la dueña de Clarín, no.

Golpes, gritos y amenazas

Después de nacer, Victoria estuvo de enero a mayo del ’76 en la comisaría de San Martín, al cuidado de unas monjas. Con ella había otros seis bebés, supo por su apropiador. Las monjas los tenían al parecer durante un plazo perentorio: si no los entregaban en los primeros meses, eran enviados a Casa Cuna. Tetzlaff convenció a su mujer de recoger a la niña cuando se acercaba ese límite. Se llevó otro bebé para Lina, su empleada doméstica. Y él mismo decía que los otros se los llevaron hombres de Lugano. Cuando tenía unos cinco o seis años, ella rompió una taza de porcelana de la apropiadora: “Mary me empieza a pegar, y me dice que me devolvía a las monjas. Cuando llega Herman, él le dijo que ya no podían hacerlo, así que después yo le pido perdón, ella me perdona y me dice que por esta vez me quedo en casa”. Cuando creció, no podía escuchar música porque era subversiva. Su hermana más grande –hija biológica del matrimonio– solía hacerlo pero sin que supiera el padre. “Una vez puso la ‘Marcha de la Bronca’, la apagó y cuando salimos todos en el auto yo me pongo a cantar, porque era pegadiza... No llegué a decir uno, dos y me comí un cachetazo de Herman, que me cimbró la nuca”, contó. “Mary puso música en la radio, Luis Miguel o algo así y me dijo: ‘Vos tenés que escuchar esta música y no música subversiva’.” Otra vez, cuando la película La historia oficial ganó el Oscar, su apropiadora sacó la bandera por la ventana para festejar. ¡Vamos Argentina!, decía. “Cuando llegó Herman –dijo Victoria– va al dormitorio y le dice: ¿qué hacés? Ella le responde que habíamos ganado el Oscar y él le dice: ¿pero no entendés nada?”

Multan a un abogado por extraviar expediente

Para el tribunal evidenció falta de colaboración con el servicio de Justicia y exteriorizó una conducta desinteresada con respecto al proceso.
Debido a que, luego de emplazado a restituir el expediente que le fue prestado, el letrado demoró más de un año en denunciar el extravío del instrumento y solicitar su reconstrucción, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba resolvió que abone la multa prevista para los casos de reticencia a devolver expedientes (artículo 74 del Código de Procedimiento Civil y Comercial -CPCC-), fundamentando que ello “evidencia una falta de colaboración con el servicio de justicia y una conducta desinteresada respecto del proceso”, al tiempo que “se ha configurado objetivamente la hipótesis legal captada” por la citada norma, “que sanciona ‘la demora en devolverlo después de que les hubiere sido requerido”.
En primera instancia se había desestimado el pedido de aplicar la sanción al abogado Daniel Oscar del Pórtico, pero en virtud de la apelación de la parte interesada en la restitución del expediente, la Cámara, integrada por Jorge Flores, María Rosa Molina de Caminal y Rubén Remigio, revocó lo resuelto y ordenó se imponga la multa en cuestión, computándose ésta a razón de tres jus por cada día de demora, como prevé la normativa citada.
El fallo indicó que “la conducta debida y de buena fe por parte de quien retiró el expediente y no puede (…) restituirlo por razones que sólo a él incumben, no ha de limitarse simplemente a comunicarlo al Tribunal; sino, procurar su restitución y -en su caso- adoptar una conducta demostrativa de su interés por cumplir la orden judicial a los fines de no entorpecer el desarrollo de la gestión, permitiendo a la vez que el juez cumpla lo solicitado”.
Se determinó que “la conducta pasiva seguida por el doctor Del Pórtico para la recuperación o reconstrucción de la causa, no se adecua al comportamiento esperado por aquél que retiró las actuaciones del tribunal y luego fuera intimado a su devolución”.
“Así entonces, siendo que la multa por retención de expediente constituye una sanción procesal que sanciona el proceder transgresor del cuadro de conductas típicas que gobierna el imperativo deontológico del ejercicio abogadil (…) y que el objeto de la multa es punir la desobediencia del intimado a un mandato judicial, que pudo y debió cumplir espontáneamente (…), una vez verificados los requisitos de su aplicación (retiro del expediente, emplazamiento a restituirlo y no restitución) corresponde” imponer la multa, agregó el pronunciamiento.
A su vez, se dejó aclarado que, “sin perjuicio de que la intimación para restituir los autos, tiene un fin conminatorio; esto es, conminar o constreñir a la restitución del expediente (…); la multa del artículo 74, CPCC, tiene un claro sentido también sancionatorio; es decir, quien no cumple con la intimación de restitución -en tiempo y forma- pagará la multa establecida y quien cumple tarde es un incumplidor y ha violado la norma, su conducta es objetivamente antijurídica”.

Ratifican que será juzgado el ex director de la ESMA

La Cámara Federal ratificó que hubo un plan sistemático para el robo de bebés en la última dictadura militar, al confirmar el procesamiento con prisión preventiva de un ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por el presunto delito de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años.
Según confirmaron fuentes vinculadas con la causa, se trata de Edgardo Aroldo Otero, cuyos bienes fueron embargados hasta la suma 100.000 pesos por la jueza federal María Servini de Cubría.
“A esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en el mencionado centro clandestino de detención (ESMA)”, sostuvo la Sala II de la Cámara.
El tribunal agregó que allí “se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes, permaneciendo hasta la fecha como ‘detenidos desaparecidos’, todo ello bajo el amparo de la utilización del aparato del poder estatal”.

Asuetos judiciales podrían declararse días inhábiles

El jueves 28, el Consejo de la Magistratura tratará un dictamen aprobado por la Comisión de Reglamentación.
A fines del 2010 la Corte dispuso asueto judicial para los días 23 y 30 de diciembre, mientras que para el 24 y el 31 declaró feriado judicial.
Lo resuelto generó la presentación de un proyecto para modificar el Reglamento de la Justicia Nacional, el cual fue aprobado en la última reunión de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura, por lo que ahora deberá ser tratado por el pleno del organismo.
El dictamen sostiene que los asuetos acortaron una hora y media la atención de los tribunales y que esa situación limitó “los derechos y garantías del ejercicio de la abogacía”.
En función de ello se planteó la necesidad de la reforma del artículo 3 de reglamento con el objetivo de solucionar las dudas interpretativas y consecuentes planteos procesales originados en la declaración de los días 23 y 30 de diciembre de 2010, en pos de respetar los principios de celeridad y economía procesal.
El dictamen aprobado fue impulsado por el representante de los abogados, Alejandro Fargosi, y tiende a que los días de asueto -parciales o totales- se consideren inhábiles.
Asimismo, establece que aquél no alcanza a los magistrados, funcionarios y empleados indispensables a fin de cubrir las guardias necesarias para la atención del público y el cumplimiento de las diligencias dispuestas para la fecha.
Entre los argumentos en lo que se basó el documento se encuentra un reciente fallo emanado de la Justicia Federal de la ciudad de Rosario que sostiene la inhabilitación efectiva de los días de asueto (“Damiani, Marta c/ La Buenos Aires”).
“La modificación propuesta tiende a asegurar los valores de las garantías del debido proceso legal y de defensa en juicio, la dignidad profesional y las modalidades laborales propias de los actores afectados por la restricción contenida en la norma motivo de la reforma del presente proyecto”, sostiene el dictamen que analizará el pleno del consejo el jueves 28.