RED JURÍDICA

Ya es la cuarta nota sobre el tema. ¿De qué se trata? ¿De una comedia de enredos, de una demostración de quién tiene la sartén por el mango, de una guerra no declarada de intereses políticos? Le pregunté su opinión a un amigo alemán, que vive en Bonn y que luego de una visita de tres semanas a la Argentina se ha especializado en lunfardo porteño, quien –luego de explicarle el caso– me respondió sin pestañear: “Es una piolada porteña llevada a cabo en Córdoba”. Bien, pasemos al caso. En la Legislatura cordobesa se presenta de pronto el diputado Passerini y propone que se trate “sobre tablas”, es decir, ya mismo, el cambio de nombre de la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, que pasaría de llamarse “Agustín Tosco” a “General Bustos”. Se aprueba sin discusión con el voto en contra de tres legisladores. No se dice por qué ese otro nombre. Se cambia y ya está. Como si fuese una orden cuartelera. A pesar de que el nombre de la avenida Tosco había sido aprobado por unanimidad p

La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales. Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentac

Comienza  este lunes  el juicio oral y público a los ex represores Jorge Rafael Videla, Reinaldo Bignone y otros seis ex jefes militares, por robo sistemático de bebés durante la última dictadura. El debate, que será iniciado por el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal, será televisado. Videla y Bignone están investigados por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años, y podrían ser condenados a prisión perpetua. Están imputados también Rubén Franco, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek, Santiago Riveros, Jorge Azic y el médico Jorge Magnacco. Videla solicitó para este juicio ser representado por un defensor oficial. Entre los 34 casos que se juzgarán, se encuentran el del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya hija, Laura, estaba embarazada cuando fue secuestrada, y el de la nieta del poeta Juan Gelman. Según la organización Abuelas de Plaza de Mayo, ya hubo 102 casos en los que la

La lista bordó de la Asociación de Magistrados, que dirige Ricardo Recondo,  criticó  al magistrado Mario Fera por haberse  autovotado  como presidente del Consejo de la Magistratura hasta diciembre de 2011. En una nota, recordó que “en las elecciones destinadas a elegir los representantes de los magistrados por ante el Consejo de la Magistratura la lista Celeste –que postulaba al Dr. Fera–  perdió  , ingresando éste –entonces– por la minoría”. Sin embargo, en vez de apoyar a Recondo para la presidencia del Consejo, que había guando por la mayoría, “volvió a solicitar la postergación de la elección del presidente, borrando con el codo lo escrito con la mano y argumentando públicamente que un resultado 7 a 6 –a favor de la designación de Recondo- no satisfacía el “consenso” que había que lograr”. Y luego negoció solo con el kirchnerismo para votarse asimismo. Fuente:  http://www.clarin.com/politica/Magistratura-criticas-Fera_0_434356721.html

La estrategia del Gobierno hacia los jubilados está basada en una sistemática negación de los derechos previsionales. Esta conducta ilegal no tiene freno y obliga a que, de manera individual, cada afectado recurra a la Justicia a fin de hacer valer sus derechos. Pero la lesión que el ANSeS causa a las personas retiradas tiene una considerable demora en ser reparada, debido a la saturación de los juzgados, las apelaciones de los agentes gubernamentales y las dilaciones en efectivizar los pagos dispuestos por los jueces. Mientras el Gobierno retacea la asignación de los fondos a sus legítimos titulares, dispone de los recursos previsionales con absoluta discrecionalidad. obteniendo un financiamiento barato para los fines más diversos y cuestionables. La litigiosidad de los jubilados es, entonces, enorme y provocada por un abuso gubernamental que, irresponsablemente, pone al borde del colapso a la Justicia. En la actualidad, hay unas 450 mil causas sin sentencia y la persistencia de las c

Revirtió un fallo de una de las salas de Córdoba que se resiste a aplicar el criterio de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional este castigo. La Cámara Nacional de Casación Penal le bajó el pulgar a un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que penalizaba la tenencia de drogas para consumo personal, en dirección contraria al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional ese castigo. Esta es la primera vez que el tribunal nacional revoca una resolución de la Cámara Federal de Córdoba sobre tenencia para consumo aplicando el criterio de la Corte en la causa Arriola, que definió que esta conducta no es punible cuando se produce en el ámbito privado, sin ocasionar peligro para terceros. Según algunas interpretaciones, el fallo de Casación podría servir para que los jueces de la Cámara Federal que siguen ordenando el procesamiento por tenencia para consumo dejen de hacerlo por cuestiones de “economía procesal” y ajusten sus resoluciones al criter

La jueza de Control del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Ana María Lucero Offredi admitió la competencia de ese fuero en la causa en la que está involucrado el juez Ernesto Abril. La jueza de Control del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, Ana María Lucero Offredi admitió la competencia de ese fuero en la causa en la que está involucrado el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación, Ernesto Abril. Además, la magistrada le remitió el expediente al fiscal Hugo Amayusco quien en las próximas semanas deberá realizar una instrucción sumaria del caso y elevarlo a un juez para que investigue si advierte la presunta comisión de delito. Abril es el magistrado que en septiembre de 2009, en su despacho tribunalicio, le sugirió al ciudadano Pablo Antonio Barbieri que contratara al abogado Vicente Aznar para que lo representara si quería tener alguna posibilidad en el pleito civil que mantenía con su hermana, desde hacía un año, y que se tramitaba en ese juzga

Un fiscal, que está acusado de crear causas en complicidad con policías,  será sometido a un jury  . Así lo determinó la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento, que se encarga del procedimiento para investigar a Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. La acusación es contra el fiscal Esteban Gómez y la causa fue iniciada por la Procuradora General de la Corte provincial, María del Carmen Falbo. Según la denuncia de Falbo “quedó demostrado que existió entre funcionarios policiales y judiciales un  acuerdo de voluntades para simular una investigación crimina  l,  creando elementos incriminatorios que permitieran intimidar a diferentes personas para despojarlas patrimonialmente  ”. Por el caso ya fueron investigados y condenados varios policías. Fuente:  http://www.clarin.com/policiales/Jury-fiscal-crear-causas_0_433756706.html

El traslado de 16 asentamientos debe empezar en abril y finalizar en 2013. El juez federal de Quilmes que lleva adelante la causa del saneamiento del Riachuelo, Luis Armella, ordenó que 16 asentamientos precarios ubicados en el llamado “camino de sirga” (una traza de 35 metros desde el río sobre las costas de ambas márgenes) sean reubicados en otras zonas con acceso a  servicios básicos de vivienda  y al resguardo de la contaminación. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) –que preside el secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi– había presentado en los primeros días de febrero un  plan de traslado  . Sin embargo, el fallo que presentó el juez tres días busca ahora “dar celeridad” y asegurar su cumplimiento. Para eso presenta un  cronograma de relocalización  con plazos para trasladar las viviendas, la mayoría ubicadas en Capital Federal, en las villas 21-24 –la más grande de la Ciudad–, la 26, El Pueblito y Magaldi. Del lado de Provincia, l

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo ayer que  “no puede haber consumidores débiles y empresas fuertes”  al disertar sobre los derechos del consumidor. Fue en Salta, donde se reunió con jueces del máximo tribunal de esa provincia: Guillermo Posadas, María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Abel Cornejo y Fabián Vittar. Luego, Lorenzetti dio una conferencia en el marco de la Diplomatura en Derecho de los Usuarios y Consumidores. El presidente de la Corte dijo que “el Poder Judicial tiene que ser independiente respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero también debe serlo de los poderes económicos”, y dijo que “  la influencia es de dos tipos:  por un lado, si alguien hace una manifestación y aún cuando utilice expresiones duras o agresivas, nosotros (los jueces) entendemos que eso es una manifestación de la libertad de expresión”. “Las otras presiones que puedan utilizar grupos económicos, o grupos políticos y demás, no so

La opinión pública no tiene una buena imagen sobre la Justicia, pero habría que tener en cuenta diversos factores. Que sólo el 16 por ciento de los ciudadanos de la ciudad de Córdoba considere que la Justicia funciona bien, según una reciente encuesta, no debería sorprender a nadie, pues ese mismo porcentaje –puntos más o menos– es la opinión de la gente sobre la actuación de todos los poderes y jurisdicciones del Estado. Seguramente si la pregunta estuviera referida a cómo funciona la Municipalidad de Córdoba o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el porcentual de aceptación sería menor. Es indisimulable e incontrastable; incluso, no harían falta encuestas para demostrar el hartazgo de la ciudadanía por la ineficiencia de las instituciones, por la mentira de las estadísticas oficiales, por la falta de respuestas concretas a los problemas de la inseguridad y a las demandas de justicia, además de los generados por el desempleo y la pobreza, y en especial por las desig

Consideró que la mujer no sólo pecó por omisión sino que también tuvo un rol activo en otros maltratos anteriores al que terminó con la vida de su hijo. “Yo te interrogo, Madre: ¿Qué había en tus entrañas tan amargas que no le hiciste un hueco a la ternura?/¿Qué le faltó en el alma a tu semilla que no brotó el afecto en tu regazo?/¿Por qué no hubo en tus palmas la caricia que hubiera suavizado mi agonía?/¿Por qué no hubo en tu pecho una coraza que les hiciera frente a las torturas?/¿Acaso hasta el instinto te anularon que me olvidó tu vientre, desmadrado?/¿Acaso ni mi llanto desolado penetró tus oídos, que negaron?/¿Acaso mi cuerpito lacerado no conmovió tus labios que callaron?/¿Tampoco mis heridas tan tempranas advirtió tu pupila dilatada?/Yo no te juzgo, no; que fui tu carne. Yo no te juzgo, no; porque te amaba. Te juzgarán la vida o tu conciencia que golpearán tu sien atormentada./Tan sólo te interrogo y te suplico: Yo quiero ser el último en suplicio”. El emotivo poema –cuyo autor

El TSJ ratificó los alcances legales de la Carta Orgánica
de Villa Carlos Paz en cuanto a que no permite la re-reelección. El TSJ ratificó los alcances legales de la Carta Orgánica
de Villa Carlos Paz en cuanto a que no permite la re-reelección. “(...) La adopción del principio democrático de alternancia en el mando se postula como un mecanismo adecuado para evitar la perpetuación de las personas en la ocupación de cargos gubernativos electivos”, advirtió el Tribunal Superior de Justicia respecto al pedido de Carlos Felpeto, citando su reciente fallo en el que también rechazó la pretensión del intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, de ir por otro mandato. “No es admisible sostener que las normas limitadoras de la reelección son lesivas de principios constitucionales,
ya que, justamente, buscan preservar uno de los caracteres fundantes de nuestro sistema de gobierno”, sostuvo el TSJ, que consideró como “un estándar razonable” la prohibición
de re-reelección que rige en Carlos Paz. Tam

El Gobierno confía en que no tendrá problemas por las denuncias, pero hay causas que se siguen investigando. El Gobierno confía en que no tendrá problemas por las denuncias, pero hay causas que se siguen investigando. Por la demolición de la Casa de las Tejas, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) presentó tres denuncias penales en contra del gobernador y el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, entre otros. Una de las denuncias está en manos del fiscal Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, quien investiga si en la demolición de la Casa de Gobierno no se violaron leyes nacionales, provinciales y municipales. Otra de las presentaciones de la Funam está en la fiscalía a cargo de Eugenio Pérez Moreno. En esta causa se investiga el volcamiento ilegal de escombros sacados de la Casa de Gobierno en el río Suquía. Por otro lado, también por una denuncia de la Funam, también a cargo del fiscal Anticorrupción Hidalgo, se investiga si se comenzó a construir el centro cívico, sin un in

El Jurado le corrió vista para que haga su descargo. No hay fecha de inicio del proceso. Antes comenzarían las audiencias de destitución contra el defensor oficial, Luis Santi. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Jury) decidió ayer admitir y abrir el proceso de enjuiciamiento contra el fiscal de instrucción del Distrito 2, Turno 5, Roberto Matheu, acusado por mal desempeño y supuesta comisión de delitos. La decisión fue adoptada por el organismo tras un largo laberinto judicial que lleva ya más de siete años. Mientras la investigación penal data de 2003, el pedido de destitución contra el fiscal fue solicitado en 2008 y suspendido a pedido de Matheu, quien argumentaba que la causa estaba en trámite y había sido apelada en varias instancias. Como ocurre en este tipo de procesos y según la información a la que accedió  Comercio y Justicia , antes del inicio de la audiencia del juicio habrá que esperar el descargo que haga Matheu, la acusación que