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Mostrando entradas de septiembre, 2011

Denuncian a jueces y a fiscales por liberar a imputado

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El beneficiado confesó su participación en un homicidio en un robo y haber extorsionado a dueño de un campo. Lo autorizaron a no estar presente en el juicio y se habría ido a otra provincia. Uno de los fiscales de instrucción de Río Tercero, el fiscal de la Cámara del Crimen y los tres integrantes de ese tribunal fueron denunciados penalmente por disponer la libertad de un imputado que confesó su participación en un hecho de robo seguido de muerte y ser el autor una extorsión. La denuncia penal fue formulada por los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Álvaro Gáname, defensores de uno de los acusados que son juzgados por la mencionada Cámara de Río Tercero. Los denunciantes se mostraron sorprendidos por la serie de “irregularidades” y realizaron sendas presentaciones ante la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia, al entender que los funcionarios judiciales estarían incursos en “graves delitos”. Los hechos están vinculados con un sangriento asalto registrado en los prime

Destituyeron a una magistrada puntana

Por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento de San Luis destituyó a Martha Vallica San Martín de Figari de su cargo de jueza de Instrucción de la 2ª Circunscripción Judicial. Además, la inhabilitó por cinco años para desempeñarse en cargos públicos. La magistrada fue sometida al proceso por permitir el uso de vehículos que estaban bajo su custodia y por su intervención en causas que se definieron sospechosamente en favor de los representados del abogado Osvaldo Vallica, su hermano. El jurado la encontró culpable de violar sus deberes como funcionaria y la responsabilizó por omitir llevar adelante investigaciones. También le achacó ineptitud para el desempeño de su cargo y le atribuyó haber incurrido en incumplimientos y graves irregularidades en ejercicio de su función. Asimismo, la sentencia fue remitida a la Justicia a fin de que indague sobre la posible comisión de delitos. Por otra parte, el jurado remitió las actuaciones a la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justic

El "capital social" que no se les mide a las universidades

Las universidades argentinas tienen una rica trayectoria de vinculación con la sociedad que ninguna evaluación internacional mide. Salvo la UBA, las universidades públicas más grandes del país pegan el grito en el cielo cada vez que un  ranking  internacional las deja fuera de juego. Hay una tendencia a la sobreactuación y a rasgarse las vestiduras frente a estos resultados. Y no es para tanto, salvo para aquellos que toman la difusión de estas evaluaciones como si se tratase de una afrenta directa contra las instituciones que representan. En realidad, la mayoría de los referentes universitarios cordobeses toman a estos  ranking  con una actitud más relajada, como lo que son: una vara que mide realidades muy distintas, con criterios que dejan afuera de la evaluación al capital social de las universidades argentinas, a través de la extensión universitaria, por ejemplo. ¿Qué es la extensión? Por definición, promueve la generación de propuestas que vinculan a una casa de estudios con el

En defensa de los glaciares

Se trata del primer fallo que aplica la flamante Ley de Glaciares. El proyecto para obtener electricidad a partir de vapores subterráneos estaba emplazado en una zona periglaciar. El gobierno provincial apelará. Las localidades de Caviahue y Copahue, en Neuquén, remiten a paraísos invernales. Allí el gobierno neuquino concedió terrenos a una empresa canadiense para emplazar un proyecto de energía geotérmica, que consiste en producir electricidad a partir de la presión de vapores subterráneos. En una medida que sienta precedente, una jueza frenó esa iniciativa aplicando la flamante Ley 26.639, de Glaciares. La decisión, que hace lugar a una acción de amparo presentada por una asamblea vecinal, adopta una medida preventiva ante la presunción de que la planta se construirá sobre un área periglaciar. La cuestión se hubiera resuelto de manera más certera de contar con el demorado inventario de glaciares, exigido por la ley. Ante ese vacío, la jueza en lo civil y de minería 1 de Zapala, Iv

“Una Justicia más rápida”

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo ayer en Tucumán que “la gente tiene razón cuando exige una Justicia más rápida”, pero advirtió que para ese fin son necesarios “la modificación de la legislación y más cantidad de jueces”. Además, en el contexto de una visita que hará hoy a dos zonas de la provincia donde habría restos de desaparecidos –el Pozo de Vargas y el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga–, reiteró su compromiso con el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fuente:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-177811-2011-09-29.html

Un discípulo de Lombroso

Pidió la palabra para defenderse y terminó enardeciendo a sus camaradas. El teniente coronel Jorge Mansueto Swendsen, juzgado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió ante el Tribunal Oral Federal el funcionamiento del centro clandestino La Escuelita y los cautiverios en “condiciones infrahumanas”; adjudicó los operativos a la agrupación tropas, contó que los soldados salían a hacer patrullajes con fotos de personas buscadas, dijo que hasta fines de 1976 hubo policías trabajando en el Quinto Cuerpo y hasta se ufanó de su capacidad para distinguir “terroristas” por su aspecto físico. Eran “normalmente feos”, arriesgó. Mansueto fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, en el que fueron blanqueados varios secuestrados antes de ser enviados a la cárcel, y del área militar bahiense. El 9 de diciembre de 1976, al asumir, había en La Escuelita “muchos detenidos desgraciadamente en condiciones infrahumanas”, admitió. En su Batallón encontró detenidos “luego de una temporada

Lorenzetti pidió cambios y más jueces para agilizar las causas

Un día después de ser insultado por un grupo de familiares de detenidos por causas de lesa humanidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, admitió que "la gente tiene razón cuando exige una justicia más rápida", pero advirtió que para ese fin son necesarios "la modificación de la legislación y más cantidad de jueces". Para despejar cualquier duda, ratificó el compromiso del máximo tribunal con las causas por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar. "La población tiene razón al exigir una justicia más rápida, pero eso requiere además la modificación de legislación y más cantidad de jueces; los tres factores deben ir juntos, con el apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostuvo Lorenzetti, ayer, en Tucumán, donde participó de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Anteayer, durante la presentación de su libro  Derechos humanos: justicia y reparación  , en la Facultad de Derecho de la U

El 75% de los jóvenes opta por las carreras tradicionales

Pese a que hay más opciones, medicina, derecho y arquitectura son aún las más elegidas. Aunque en el país existen 5136 opciones de estudios en entidades públicas; 4339, en instituciones privadas; 26 títulos internacionales, y 137 posibilidades en universidades provinciales, el 75% de los jóvenes elige todavía las carreras tradicionales. Los datos surgen de una encuesta realizada por www.quevasaestudiar.com  , el sitio oficial de ExpoUniversidad -muestra que se realizará en La Rural del próximo 19 al 22 de octubre-, sobre un universo de 500 jóvenes de entre 18 y 21 años. El resultado fue el siguiente: el 18% de los consultados eligió Medicina; el 12%, Derecho; 12%, Arquitectura; 10%, Contador Público; 9%, Licenciatura en Turismo; 9%, Licenciatura en Psicología, y 5%, Licenciatura en Administración de Empresas. Sin embargo, en el sitio web (donde se pueden consultar todas las opciones para estudiar a nivel terciario y universitario y donde están contempladas las carreras de pregrado, de

Ser jurado popular mejora la opinión sobre la Justicia

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Antes de convertirse en jueces legos, sólo 6,9% de los ciudadanos consideraba como “muy buena” la tarea del Poder Judicial. Después, 73% así la califica como “muy buena” o “excelente”. Una encuesta realizada a todos los ciudadanos que se desempeñaron como jurados populares durante el año 2010 reveló que su participación en los juicios orales y públicos mejoró la opinión que tenían sobre la Justicia penal. El dato coincide con los relevamientos realizados anualmente desde el año 2006, cuando se puso en marcha el régimen de juicio por jurados. Según el estudio, efectuado por el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, del Poder Judicial de Córdoba, 46,2% de los jurados legos tenía una imagen regular (40,8%) o mala (5,4%) de la Justicia penal antes de participar de juicios. Sin embargo,  consultados nuevamente al finalizar la experiencia, 97,7% de los ciudadanos calificó la Justicia penal como excelente (13,1%), muy buena (60%) y buena (24,6%). El

¿Es política de Estado la trata de personas?

Seis años después de su 
secuestro a manos de las redes de trata que operan en 
el país, ¿alguna vez se sabrá qué pasó con “Marita” y con todas las jovencitas que de un momento a otro desaparecieron devoradas por el espanto de la trata?  Juan Federico. Seis años después de su 
secuestro a manos de las redes de trata que operan en 
el país, ¿alguna vez se sabrá qué pasó con “Marita” y con todas las jovencitas que de un momento a otro desaparecieron devoradas por el espanto de la trata? Más allá de cuál sea el final de este operativo, hay puntos que ya inquietan demasiado. ¿Quién habilita estos prostíbulos? ¿Con qué excusas funcionan tantos burdeles a la vera de las rutas de la provincia? ¿Por qué a simples “coperas”, los municipios y comunas 
les exigen “carné sanitario”? ¿Saben los policías cordobeses de qué se trata la trata de personas? En uno de estos prostíbulos ayer allanados, hubo en 2009 un procedimiento en el que se detectó a una chica de sólo 15 años, oriunda de la pro

Corral de Bustos: el incendio se excedió de la protesta social

Los jueces enfatizaron que el hecho hizo peligrar la vida de magistrados y funcionarios. “Si no escapaban por los techos morían quemados”, subrayaron en los fundamentos del fallo. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Bell Ville dio a conocer los fundamentos de la sentencia mediante la cual condenó a prisión efectiva tanto a los instigadores como a los autores materiales del incendio del edificio en donde funcionaba la sede judicial Corral de Bustos, ocurrido 4 de diciembre de 2006. En su fallo, los camaristas  Teresita Carmona Nadal de Miguel, Gustavo Garzón y Ricardo Bonini enfatizaron que el hecho hizo peligrar la vida de  magistrados y funcionarios, quienes tuvieron que “huir” a través de una ventanilla de la planta alta de inmueble, subrayando que si no escapaban por los techos y se refugiaban en el Colegio de Abogados contiguo, morían quemados. En tanto, acotaron que los damnificados tampoco podían salir por las vías habituales por cuanto la “turba” habí

"El incendio no fue una protesta social"

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La Cámara del Crimende Bell Ville sostuvo que se pasó al terreno de la violencia y la ilicitud. Consideró también que el fuego se produjo de la mano de algunos de los manifestantes incitados por el abogado Barbero y el periodista Pasquini, ambos condenados. La Cámara del Crimen de Bell Ville dedicó prácticamente la mitad de las 248 páginas de la sentencia por el incendio de los Tribunales de Corral de Bustos para fundamentar la condena a siete años de prisión contra el abogado Víctor Luis Barbero y el periodista Néstor Omar Pasquini. Ayer, después del mediodía, se conocieron los fundamentos del fallo por los que también fueron sentenciados a cinco años de prisión Juan Marcelo Farías, Horacio Esteban Guayanés, Juan José Guayanés y Rubén Omar Astudillo. Contra las defensas.  Al analizar los sucesos acontecidos durante la jornada del 4 de diciembre de 2006, cuando una multitud, concentrada en la esquina ubicada entre las calles 25 de Mayo y avenida Santa Fe arremetieron contra l

Se abrió la cátedra sobre memoria y derechos humanos

Comenzó ayer en la Universidad Nacional de Córdoba. Tratará sobre genocidios en la historia mundial. Comenzó ayer en la Universidad Nacional de Córdoba. Tratará sobre genocidios en la historia mundial. Con la participación de la rectora, Carolina Scotto, y el juez federal Daniel Rafecas, entre otros disertantes, se realizó ayer el acto de apertura del seminario “Memoria y derechos humanos en oposición a genocidios y discriminación”. “Hay que estudiar los genocidios y delitos de lesa humanidad del pasado, sacar las conclusiones y extraer los aprendizajes para que nunca más se repitan y para consolidar la democracia”, sostuvo el juez Rafecas, horas antes del acto. El seminario se dictará los días martes, en el horario de 17 a 21, hasta el 22 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Matemática Astronomía y Física Famaf. Los destinatarios son estudiantes y egresados. Está organizado por la UNC, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (

"Las condiciones inhumanas de las cárceles generan inseguridad"

Daniel Rafecas, juez federal, dijo que no garantizan reinserción. Pidió prudencia acerca de los dichos de Balza sobre el plan de apropiación de bebés. Vaticinó que juicios sobre dictadura durarán unos 4 años más. La lentitud en los juicios por crímenes de lesa humanidad en el interior del país, las declaraciones del general Martín Balza sobre la “sistematización de robos de bebés” ante el tribunal oral y las violaciones actuales a los derechos humanos son algunos de los temas sobre los que habló ayer, en Córdoba, el juez federal Daniel Rafecas. El magistrado es titular del Juzgado Federal Nº 3 de la Capital Federal y es reconocido por investigar los delitos cometidos durante la última dictadura militar. Tiene a cargo, entre otras, la causa Primer Cuerpo del Ejército. Ayer estuvo en Córdoba para participar del acto de apertura de la cátedra Memoria y Derechos Humanos en la Universidad Nacional. –¿Cómo evalúa los procesos por crímenes de lesa humanidad en Córdoba? –Hasta hace

El Inadi lleva a la Justicia al joven rockero del saludo nazi

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Promocionaba su grupo en Facebook en esa postura, junto al memorial de los desaparecidos. Tras el dictamen del Inadi central, hoy presentan una denuncia penal. La delegación Córdoba del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) presentará hoy la denuncia penal contra el cordobés Lukas Velázquez, integrante del grupo de rock  black metal  Andrasz, por violación a la ley antidiscriminación 23.592 (ver  Saludo nazi frente al memorial de los desaparecidos 06/08/2011). Se trata del joven de 21 años que promocionaba su conjunto en Facebook, y en una de esas fotografías aparecía haciendo el saludo nazi junto al Memorial de los Desaparecidos, en el cementerio San Vicente. La acción llegará a la Justicia tras el dictamen realizado por el Inadi central, que corrobora las denuncias y califica con dureza la actitud de este grupo, en el que uno de sus integrantes se presentaba como “Jefe de desinfección de negros”. En los comentarios en Facebook, t