La justicia tiene género
Por segunda vez, una organización internacional de mujeres promueve un reconocimiento a las sentencias que afectan positivamente a la equidad de género. Y un “antipremio” a los fallos más sexistas.
La primera condena que consideró como delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar –dictada en junio en Mar del Plata– es uno de los 66 fallos de 22 países que están nominados en un concurso internacional que premia las mejores decisiones judiciales que afectan positiva –y negativamente– a la equidad de género. Para recibir el premio “Garrote”, a las resoluciones más sexistas, compite otra sentencia argentina, firmada en febrero por la Sala 1 del Tribunal de Casación bonaerense, la misma que esta semana fue cuestionada por absolver por corrupción de menores a un pastor evangélico porque las víctimas eran pobres. El fallo nominado benefició a un hombre condenado por abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por el vínculo en perjuicio de sus dos hijas, a quien se le redujo la pena de 24 a 16 años, al eliminar algunos agravantes contemplados en la sentencia de primera instancia, como el hecho de haber puesto a las niñas en riesgo de quedar embarazadas o contraer infecciones de transmisión sexual al haber eyaculado dentro de ellas (ver aparte).
El concurso es la tercera edición de los Premios de Género y Justicia al Descubierto 2011, organizados por la ONG de derechos humanos con sede en Colombia, Women’Link Worldwide. Las sentencias que compiten son propuestas por el público. Se incluyen aquellos fallos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y discriminación por cuestión de género. También en el sitio web se puede votar hasta el 25 de abril por los fallos más sexistas y las mejores decisiones que promuevan la equidad de género: se entregará un premio al más votado por el público en ambas categorías. Además, un jurado integrado por el magistrado español Baltasar Garzón, la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho y la abogada belga experta en derecho penal internacional Patricia Sellers seleccionará a los ganadores. Los tres pronunciamientos o decisiones más sexistas recibirán Garrote de bronce, plata y oro, y los tres fallos que más promuevan la equidad de género recibirán Mallete de bronce, plata y oro. El objetivo del concurso es dejar en evidencia las decisiones discriminatorias y aquellas que garantizan la igualdad entre varones y mujeres dictadas por cortes.
Entre los nominados hay fallos de tribunales internacionales y locales. Todos los casos propuestos entrarán a formar parte del Observatorio de Género y Justicia de Womens Link Worldwide, que ya cuenta con un análisis de más de 400 sentencias judiciales de todo el mundo relacionadas con temas de género. Las decisiones ganadoras serán anunciadas el 2 de junio de 2011 en una ceremonia que se llevará a cabo en Madrid.
Algunos de los nominados al premio Mallete son:
- Un fallo unánime de la Corte Suprema del Reino Unido que sostuvo por primera vez que a los solicitantes de asilo gays y lesbianas se les debe conceder la condición de refugiado, si su retorno resultaría en tener que ocultar su orientación sexual. La resolución es del 7 de julio de 2010 y tuvo que ver con el pedido de asilo de dos homosexuales, uno de Irán y otro de Camerún, que argumentaron que si eran devueltos a sus países de origen se enfrentarían al riesgo de persecución. Tanto en Irán como en Camerún es un delito punible mediante encarcelamiento y, en el caso de Irán, con pena de muerte, que adultos, con consentimiento, participen en actos sexuales con personas del mismo sexo.
- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que España estaba en violación de la directiva de trato igualitario, al conceder licencia parental a las madres empleadas, pero no a los padres cuando la mujer no es empleada. La resolución es del 20 de septiembre de 2010 y forma parte del creciente reconocimiento por parte de cortes europeas de la necesidad de que haya igual distribución en la crianza.
- La Corte Constitucional de Bolivia sentenció que un hotel violó los derechos fundamentales de una empleada al despedirla por ser VIH positiva. El empleador había solicitado información a la Caja Nacional de Salud. El organismo le informó que la mujer era seropositiva, a pesar de que las leyes garantizan la confidencialidad de la información. El hotel suspendió el seguro médico de la mujer y de forma oral le dijo que la razón de su despido era que tenía VIH. Sin embargo, la carta con la que la despidieron afirmaba que eran razones administrativas. La demandante presentó un reclamo a la Dirección del Trabajo para solicitar que se le restituyera su empleo, pero su planteo fue rechazado con el argumento de que el hotel corría el riesgo de que los huéspedes contrajeran VIH. La sentencia de la Corte Constitucional es de 2006.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana que se concedan reparaciones integrales a la jueza Karen Atala, a la que la Corte Suprema de Chile le quitó la custodia de sus hijas con el argumento de su orientación sexual. Atala es lesbiana. La CIDH determinó que se violaron sus derechos a la familia y la vida privada por haber perdido la custodia y cuidado de sus hijas. La resolución es del 17 de septiembre de 2010.
- En India, el Tribunal Superior de Nueva Delhi dictaminó que no se le debe negar tratamiento médico a ninguna mujer embarazada independientemente de su estatus socioeconómico y ordenó la compensación por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos y constitucionales de dos mujeres pobres que murieron como resultado de negligencia en la prestación de cuidados maternos. El fallo es de junio de 2010. El pronunciamiento respondió a dos casos. La primera petición fue presentada en nombre de Shanti Devi, una mujer india en situación de pobreza, quien murió como resultado de que se le rehusó cuidado prenatal adecuado a pesar de que era elegible para recibir cuidados gratuitos bajo los esquemas subsidiados por el Estado. En 2008, fue obligada a llevar en su vientre un feto muerto por cinco días después de que se le negara tratamiento médico en varios hospitales porque su esposo no tenía una tarjeta médica. En enero de 2010, Shanti Devi murió inmediatamente después de dar a luz en su casa a una bebé prematura. En la segunda petición, el Tribunal ordenó a la Corporación Municipal de Delhi a pagar una compensación de 50.000 rupias (aproximadamente 1000 dólares) a una mujer llamada Fátima por violación de sus derechos fundamentales por haberse visto obligada a dar a luz debajo de un árbol.
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