Jubilados: Lorenzetti pidió que se resuelvan los reclamos
Consideró “injusto” que los jubilados deban tramitar tantos juicios para cobrar.
Fue ayer al finalizar la presentación del Plan de Capacitación Judicial: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió a poner el acento en la necesidad de resolver la situación de los cientos de miles de jubilados que reclaman la aplicación de sentencias que ya dictó la Corte a favor de la movilidad de sus jubilaciones.
En diálogo con la prensa, Lorenzetti reiteró que es necesario atender los reclamos por el reconocimiento y pago del 82% móvil y aseguró que es “injusto” que deban tramitar juicios con ese objetivo. ”Desde la Corte hemos insistido mucho en la necesidad de resolver el caso de los jubilados y el hecho de que un jubilado reciba una sentencia y tenga que tramitar un juicio, y otro juicio para cobrar es institucionalmente injusto ”, señaló ante una pregunta.
Actualmente, la Justicia Previsional recibe unas 10.000 nuevas causas por mes, que se suman a los 465.000 casos que ya colapsan ese fuero.
Lorenzetti destacó que “la solución de fondo corresponde a otros poderes del Estado sobre los cuales uno no puede opinar porque el tema es complejo”. “Lo que está haciendo el Poder Judicial es lo que debe hacer, tramitar los juicios, dictar sentencias, resolverlos, acelerar lo máximo posible la gestión”, y destacó que “esta semana tenemos una reunión con el fuero de la Seguridad Social para ver qué están haciendo para mejorar los trámites”.
En la Corte Suprema se están discutiendo nuevas causas donde se plantea la actualización de los haberes jubilatorios. Se trata de tres tipos de planteos, que están siendo analizados en medio de un clima de “profunda preocupación” por la cantidad de juicios jubilatorios que existen, y por lo que consideran una política de “obstaculización” por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), al no cumplir con los fallos que ordenan aplicar las actualizaciones.
Hace cuatro años, en el llamado “caso Badaro”, la Corte reconoció la movilidad de los haberes previsionales establecida en la Constitución Nacional.
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