Boudou denunció al juez de Río Cuarto
Acusó al magistrado federal Carlos Ochoa de defraudar a la Anses. Pero abogados riocuartenses dan otras explicaciones.
Río Cuarto. Unos 60 millones de pesos le habría ordenado embargar el Juzgado Federal de Río Cuarto a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en los últimos años, para efectivizar el pago de sentencias favorables a jubilados.
Eso fue lo que denunciaron ayer el ministro de Economía, Amado Boudou, y el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, justo en un contexto en que el organismo afronta duras críticas por su decisión de suspender los pagos a cuentagotas de las sentencias judiciales que benefician a jubilados cuyos haberes no se han ajustado a la inflación posdevaluación.
Los funcionarios aseguraron que el juez Carlos Arturo Ochoa comete “un fraude contra el Estado”. Lo denunciaron por “prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa”. Y giraron los antecedentes al Consejo de la Magistratura.
“Ha sido detectada una maniobra con varios casos que implican un perjuicio contra el Estado, que consistía en embargos judiciales por los cuales se cobraba más de una vez una misma sentencia, por valores superiores a la propia sentencia”, manifestó Boudou.
Los funcionarios detallaron que el 10 de marzo pasado, en una audiencia en el Juzgado Federal de Río Cuarto, Anses fue intimada a dar cumplimiento a las sentencias de seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero. Y a partir de allí, una auditoría verificó que la metodología utilizada por el Juzgado “consistía en otorgar, en la ejecución de las sentencias, mayores montos que los conferidos por la sentencia ordinaria de reajuste”.
“La vía utilizada por el juez Ochoa era ordenar una liquidación por medio de un perito oficial que, entre otras irregularidades, no descontaba pagos ya efectuados por Anses, no determinaba cuál era el haber inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e introducía en la liquidación otros precedentes judiciales que no habían sido otorgados por la sentencia firme. Por lo tanto, incorporaba esos precedentes tardíamente, cuando ya la sentencia había pasado en autoridad de cosa juzgada”, sostuvieron.
La mitad de los embargos que tiene la Anses por sentencias de jubilados provienen del Juzgado de Río Cuarto.
Bossio admitió que, en todo el país, la administración debe hacer frente a 15.069 sentencias y, como tiene “el mismo presupuesto del año pasado”, de 2.500 millones de pesos, sólo está en condiciones de afrontar unas tres mil mensuales.
Advirtió que en Río Cuarto existen unos 1.700 expedientes “en estado de ejecución en las mismas condiciones de ilegitimidad y arbitrariedad”, por eso Anses pidió la suspensión de ejecuciones por 60 días.
Boudou dejó sentado que la denuncia “involucra a jueces, abogados y beneficiarios que prestaron su consentimiento para formar parte de la maniobra”.
Posibles explicaciones. Abogados de Río Cuarto con juicios contra la Anses dieron explicaciones sobre el accionar del Juzgado Federal. Indicaron que fue la jueza Clara Curtino, antecesora de Ochoa, la que instauró esta modalidad. En 2006, por primera vez se apartó de la ley de inembargabilidad de los fondos del Estado y, “por considerar que no existe otra alternativa para hacer Justicia”, ordenó un embargo a favor de Filandro Moscone (80), que hacía 10 años tenía una sentencia firme, que el organismo previsional no pagaba.
Como es tanto el tiempo que pasa entre la sentencia y el cobro, se encarga a peritos actualizar los montos, razón por la cual resultan superiores a los de la sentencia.
Valeria Chamorro, letrada previsionalista e integrante del directorio del Colegio de Abogados, precisó: “Siempre se elige un perito oficial, por sorteo, y a la Anses se le corre traslado de la pericia oficial. Tienen plazo para revisarla, oponerse o informar si ya han depositado dinero en la cuenta del jubilado, para que no se pague de nuevo o de más. Siempre están notificados”, explicó.
También puede suceder que, en algún caso entre tantos, un beneficiario cobre, pero no avise al abogado –por ejemplo para no pagar sus honorarios–, en cuyo caso el embargo no se desactivaría.
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